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DESARROLLO LOCAL & EMPLEO |
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José Montilla |
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H oy más que nunca es necesario formular análisis y supuestos de futuro admitiendo como relevante la fecha del 3 de marzo de este año. No podemos obviar un antes y un después de esta fecha que, sin duda, marcará el desarrollo de los acontecimientos futuros. Finiquitar casi catorce años de un Gobierno socialista que ha estado permanentemente implementando políticas cuyo objetivo es fomentar inversión pública, universalización de derechos básicos de los ciudadanos y ciudadanas, sanidad, educación, pensiones, protección al desempleo, etc.- tendentes a instaurar un modelo de sociedad enmarcado en el "Estado del Bienestar", es algo que no debe pasar, y que no pasará, desapercibido, máxime si tenemos en cuenta que este período vino precedido de siete años de transición, duros e inestables (1976-1982) y estos, a su vez, de cuarenta largos años de dictadura, escaso desarrollo y aislamiento internacional. El relevo que se ha producido en el Gobierno no cabe pues considerarlo como un mero cambio de gestores, sino como un nuevo proyecto político que pretende un modelo de sociedad distinto al formulado en el proyecto socialista. Esta circunstancia implica que necesariamente se adoptarán medidas legislativas y de gestión tendentes a implementar en la sociedad nuevos valores más liberales en el terreno económico y menos solidarios. En este sentido debemos considerar y reflexionar sobre como estos novedosos aspectos de la realidad política española van a afectar las estrategias de desarrollo económico y social que estamos desarrollando en los Ayuntamientos progresistas, los cuales, sin ninguna duda, han contribuido de manera determinante en la creación de empleo y en la formación profesional de nuestros jóvenes, colectivo que sigue estando duramente castigado en la integración al mercado laboral. Es muy probable, que debamos emprender en cada momento determinadas acciones, con objeto de evitar que puedan avanzar medidas lesivas para el modelo de desarrollo que hemos trazado desde el municipalismo progresista. Acciones decididas en este sentido fortalecerán nuestro mensaje colectivo y nos permitirán establecer un común denominador entre los que tenemos responsabilidades de Gobierno y los que ejercen su labor en la oposición. Sólo tomando en consideración el ámbito municipal, hay aspectos de una enorme trascendencia que hoy están marcados por la indefinición, como pueden ser: - La financiación local. - Las competencias municipales. - La participación local en las políticas activas de empleo si, finalmente, son transferidas del INEM a las CC.AA. - La participación en los programas comunitarios y los mecanismos de cofinanciación. - Las competencias en materia de seguridad ciudadana, medioambiente, asistencia social, planeamiento urbano, etc. Estos aspectos, entre otros, deben ser los ejes de nuestra prioridad política en el ámbito municipal. Sólo así evitaremos poner en alto riesgo nuestro modelo de desarrollo municipal.
Políticas de desarrollo económico y social El proceso de democratización real de la vida municipal española, iniciado en 1979, cambió radicalmente el concepto de administracuón local, pasando de ser agresiva contra los ciudadanos a ser comprometida al servicio de los ciudadanos. Ciertamente deberíamos felicitarnos por el trascendental y vertiginoso avance que en materia de infraestructuras, equipamientos, servicios, zonas verdes, mayor cultura medioambiental, convivencia ciudadana, atenciones primarias a colectivos desamparados, etc. han tenido nuestros pueblos y ciudades. En suma, un importante aumento de la calidad de vida de nuestros municipios y ello a pesar de tener una atomización municipal no homologable con ningún país de la OCDE; más de 8.000 municipios es una temeridad en un país no especialmente sobrado de recursos públicos y esto, más pronto que tarde, requerirá una reflexión en profundidad si queremos, de verdad, abordar con rigor el grave problema de las maltrechas finanzas municipales y la debilidad competencial del municipalismo español.
Las políticas de promoción económica inicialmente desarrolladas por los ayuntamientos democráticos, prácticamente desde su constitución, han evolucionado conceptualmente en función de los nuevos requerimientos de la economía y de la ya dilatada experiencia. Básicamente, podemos hacer referencia a tres momentos complementarios y sus respectivas prioridades de actuación: a) Las iniciativas locales de ocupación. b) Las iniciativas de promoción empresarial . c) Las iniciativas de desarrollo económico. En un primer momento las iniciativas de promoción económica local, denominadas Iniciativas Locales de Ocupación, se entendían como actuaciones estrictamente públicas, con un carácter eminentemente reactivo o paliativo. El objectivo principal de estas iniciativas era la lucha contra el desempleo y contra los perniciosos efectos sociales que este provocaba. Las Iniciativas Locales de Ocupación no pueden ser consideradas estrictamente políticas de promoción económica, dado que su componente prioritario era básicamente el social, no el económico. A partir de los años 83-84, entra en una severa crisis nuestro modelo industrial, provocando una espectacular caída del empleo. Es básicamente a partir de este momento cuando la Administración Local toma conciencia de la necesidad de abordar el grave problema de las altas tasas de desempleo que soportan sus municipios -además de las numerosas carencias básicas sociales-, con las pocas herramientas de las que dispone y sin competencia alguna, actuando como catalizador que cree condiciones para generar empleo. Todo ello con el convencimiento de que es poco reconfortante promover un estado de bienestar y mejorar la calidad de vida si el epicentro de la vida de las personas, el empleo, se convierte en algo efímero. Como consecuencia de esta realidad, de un modo unilateral e improvisado, y a veces algo quijotesco, empiezan a surgir medidas singulares en diversos municipios encaminadas a la creación de empleo. En este momento inicial tuvieron gran importancia los esfuerzos encaminados hacia la formación profesional. En esta etapa, la alianza con el INEM, los logros derivados de la creación del Fondo de Solidaridad y la propia creación de los Fondos de Promoción de Empleo encontraron un caldo de cultivo en el atrevimiento de unos alcaldes, que sin vacilar y asumiendo mucho riesgo y competencias que tradicionalmente no eran suyas, abanderaron políticamente lo que hoy aún perdura, "lo local y el empleo", acuñando un binomio de difícil separación.
Este primer y decidido paso del municipalismo puso en práctica, por la vía de hecho, la coordinación de diferentes instrumentos y diversas Administraciones que, con dirección política, perseguían el mismo objetivo, generar empleo, o, como poco, generar las condiciones para la creación del empleo. Recuerdo en este sentido que cuando llegué a la Alcaldía de Cornellà de Llobregat en 1985 y durante los primeros años de mandato ningún problema era tan acuciante como el contar con un índice de paro en la ciudad que llegó a alcanzar por entonces el 30%. Fue con el principal objetivo de contribuir a la reducción paulatina de esta altísima tasa de paro que decidimos la creación de la Empresa Municipal de Promoción Económica de Cornellà, S.A. (PRECSA), la cual, desde sus primeros años allá por la segunda mitad de los ochenta, hasta nuestros días, ha ido evolucionando sensiblemente en función de las nuevas necesidades y estrategias de dinamización económica de la ciudad. En este contexto de políticas para afrontar el alto paro generalizado que se daba en España, y que lamentablemente todavía sigue constituyendo una característica acuciante de nuestra economía, hay que señalar como muy notable la aparición en el año 85 del Programa de Escuelas Taller y Casas de Oficio, que propició un instrumento de vital importancia para las estrategias de desarrollo, aunque ahora, lamentablemente, haya perdido su dinamismo original y ello, fundamentalmente, se debe a la necesidad urgente de modificar su marco normativo, objetivos, y metodología de funcionamiento, de manera que se adecúen a la realidad actual reconvirtiéndose en pieza incentivadora y antesala de iniciativas emprendedoras que, convenientemente tuteladas, deberían ser la cantera de los Centros de Empresa, comúnmente llamados "Viveros". La puesta en marcha de las Iniciativas de Promoción Empresarial representan la introducción de un enfoque que trata de anticipar los problemas, más que de asimilarlos y que comienza a prescindir de la exclusividad pública en las intervenciones, valorándose positivamente la cooperación pública-privada. La principal prioridad de las Iniciativas de Promoción Económica es la creación de empresas. Desde la lógica anticipativa que antes comentábamos, se considera que las empresas pueden generar riqueza y, de esta manera, actuar como motor generador de bienestar para el conjunto de la comunidad. Las autoridades públicas, por lo tanto, no han de actuar solamente sobre las situaciones de necesidad provocadas por el desempleo, sinó también fomentando un crecimiento económico que indirectamente las evitara. Finalmente, las Iniciativas de Desarrollo Local representan, por una parte, la voluntad de combinar las Iniciativas Locales de Ocupación y las Iniciativas de Promoción Económica, y por otra parte, la introducción de una nueva preocupación por mejorar las condiciones y el entorno socio-económico local desde una perspectiva estratégica. Dos son los objetivos fundamentales de las Iniciativas de Desarrollo Local: -En primer lugar, potenciar el posicionamiento competitivo del municipio o territorio local, fomentando la creación de riqueza y de ocupación, manteniendo la calidad de vida y la cohesión social en una necesaria perspectiva de desarrollo sostenible. - El segundo objetivo es la maximización en la utilización de los recursos humanos, sociales, institucionales y territoriales, con el fin de potenciar un modelo de crecimiento endógeno. Estos objetivos se han de instrumentalizar a partir de un posicionamiento estratégico de lo local, que se traduce en: - Referencias a una noción de desarrollo global, estructurado, cualitativo y con capacidad de generar nuevas actividades. - Referencias a un territorio homogéneo e indentificable que se convierte en el eje básico del proyecto de desarrollo. El territorio se convierte en un espacio de referencia que coordina las decisiones y las acciones de los diferentes actores interesados en el desarrollo económico local. - El reconocimiento de los diferentes actores como definidores de las estrategias de desarrollo. Las iniciativas de desarrollo local no confian ni en la mano invisible del mercado ni en la mano invisible de la intervención gubernamental, sinó en el compromiso de un conjunto de actores que consensúan objetivos de futuro y acuerdan trabajar conjuntamente a partir de unas líneas de actuación coherentes.
Estrategias de desarrollo local Llevar a cabo Iniciativas de Desarrollo Local implica gestionar un proyecto de desarrollo para el cual se fijen objetivos, se utilice el territorio como factor de competitividad y se generen, como condición imprescindible, amplios consensos institucionales y entre actores públicos y privados. El desarrollo de un proyecto de estas características debería articularse a partir de tres elementos básicos: - Reforzar las capacidades de desarrollo local a partir de un proyecto estratégico; es decir, de un proyecto donde los actores analicen los problemas, identifiquen su mercado y los productos que pueden ofrecer, valoren las debilidades y las potencialidades del territorio, y elaboren estrategias de cooperación. - Asumir, sin perjuicio de los compromisos y los consensos que se han de establecer con todos los actores relevantes, el papel y la responsabilidad de gobierno. Las autoridades públicas han de contar con el resto de actores, pero tienen que ser conscientes de su rol coordinador y de la necesidad de ejercer un liderazgo que ordene el proceso. - Articular instrumentos -mixtos y flexibles- de intervención que corrijan tanto las imperfecciones del mercado como las dificultades asociadas a las actuaciones públicas de tipo monopolista.
La necesidad de un proyecto estratégico local Que a partir de una combinación de factores endógenos y exógenos que conduzcan el desarrollo de un territorio en función de una definición clara de sus objetivos y que, en todo momento, intervengan en la adquisición de capacidades locales. Es por esto que parece importante: - disponer de servicios de desarrollo local. - invertir en educación y formación. - organizar los actores y las redes para acceder a recursos exteriores en materia de información, mercados y tecnologías. - generar ideas y proyectos de renovación económica y social. - valorar el entorno de la empresa y mejorar el clima de actividad económica. En cualquier caso, reforzar las capacidades de desarrollo desde una perspectiva estratégica requiere un mínimo de tres condiciones: - La existencia de una masa crítica de proyectos y de un liderazgo local que genere credibilidad, confianza, capacidad de decisión y acceso a los fondos de financiación. - Un conocimiento tan esmerado como sea posible de los potenciales y las debilidades del territorio, como también de las oportunidades y las amenazas que ofrece el entorno. En este sentido, la existencia de un buen sistema de información y análisis del mercado de trabajo y de la coyuntura económica es indispensable. Por ello he de citar una experiencia que funciona en nuestra Comarca del Baix Llobregat desde 1992 y que posteriormente se ha aplicado en otros territorios. Consiste en la creación de un Observatorio Permanente del Mercado de Trabajo de la Comarca que tiene por objetivo ofrecer un banco de datos que aporte información suficiente para acercar oferta y demanda de trabajo de los usuarios de este servicio, que son las instituciones y agentes sociales que participan en la generación e implementación de políticas activas de empleo, administraciones en general, organizaciones sindicales y empresariales y agentes individuales como las empresas y los propios demandantes de empleo. - La existencia de un territorio de referencia que aglutine los esfuerzos, rentabilice y dé coherencia a los objetivos socio-económicos.
Sobre el rol y la responsabilidad del gobierno Tradicionalmente las responsabilidades públicas hacia la promoción económica recaían sobre las espaldas de los gobiernos nacionales. Paulatinamente, el nivel nacional ha ido mostrando sus límites y rigideces: desconocimiento de las circunstancias locales, enfoque macroeconómico, preferencia por los resultados a corto plazo, diseños eminentemente reactivos, etc. Así pues, avanzados los años 80 se inicia una lenta inversión. Los gobiernos locales van acaparando protagonismo, ya que se reconoce el valor de los enfoques microeconómicos (las pequeñas empresas como principales generadores de ocupación e innovación), de la calidad de los entornos productivos, de la calificación de los recursos humanos o, en definitiva, de los factores endógenos de desarrollo. Sobre éstas tendencias, y utilizando las sugerencias de la OCDE, es posible presentar los principios de acción que inspiran los nuevos roles y las nuevas responsabilidades gubernamentales: - Dar soporte (a través de subvenciones, cofinanciamiento, facilidades administrativas, etc.) a iniciativas que refuercen la competitividad de las estructuras económicas locales. - Descentralizar, tanto como sea posible la información, los conocimientos y las decisiones. - Delegar las funciones de control y prestación a organismos (públicos, privados ó mixtos) más autónomos. - Reforzar los trabajos de evaluación a fin de hacer compatible una mayor delegación de responsabilidades con un mayor control del proceso. Intervenciones de este tipo conducen a los gobiernos locales a actuar como facilitadores, coordinadores, suministradores de información, estimuladores y facilitadores de iniciativas que serán responsabilidad de un cada vez más amplio abanico de actores.
Algunos instrumentos de intervención
Los instrumentos para implementar proyectos de desarrollo local son muchos y variados.
En lo que respecta a los recursos humanos: Hay que decir que la capacidad, la calidad y la flexibilidad de las personas, determinan la capacidad de las empresas para adaptarse a cambios estructurales. Para conseguirlo, hace falta competencia técnica, pero también la promoción de una determinada cultura local, de unas actitudes que sólo se pueden adquirir a través de mecanismos de formación descentralizados y sensibles, tanto a las necesidades de los individuos como a las del medio local.
En relación al conocimiento de los mercados y de la oferta local: Es imprescindible organizar la oferta local de manera que las empresas sean sensibles a nuevos productos, nuevos espacios de mercado, demandas insatisfechas, etc. Así mismo, las autoridades pueden fomentar mecanismos de cooperación entre empresas y así ayudar a reducir sus costes de transacción.
El papel del entorno local: Es fundamental, ya que el entorno local es productor de externalidades, de efectos de proximidad y de aglomeración; como también se constituye en reserva de recursos estratégicos, físicos, humanos y financieros. Además, el entorno local genera lo que podríamos denominar un determinado clima de actividad económica, al mismo tiempo que articula el espacio donde deben desarrollarse las redes de cooperación.
La importancia de los llamados factores invisibles: Es decir, la existencia de intangible como son una perspectiva estratégica, con todo lo que ello comporta en términos de liderazgo, compromisos, análisis, etc. Otro importante intangible local es la sensibilidad con la propia identidad local, pues los factores culturales y comunitarios son claves en el desarrollo endógeno.
La gestión concertada, o la implicación de los actores en la gestión del desarrollo Probablemente habrán distintas formas de gestionar las Iniciativas Locales de Ocupación, las Iniciativas de Fomento Empresarial, o las más actuales Iniciativas de Desarrollo Económico, pero la implicación de los actores públicos y privados, y por tanto el carácter democrático y transparente de la gestión, es la clave del éxito. O todos somos factores de solución o en la marginación de alguien, sea voluntaria o no, se esconderá la incertidumbre en relación al futuro. Eso, y sólo eso, puede arruinar los brillantes planteamientos de modelos que todo lo solucionan. Más vale pues, partir de la simplicidad para ir juntando los esfuerzos y no dejar a nadie fuera, aunque el camino sea largo. Debemos andar seguros en este camino porque el resultado será sin duda socialmente más positivo, y ese es el éxito que a fin de cuentas buscamos. En este sentido, puedo afirmar que la experiencia llevada a cabo en la Comarca del Baix Llobregat de poner en marcha en 1990 un Consejo Económico y Social, en donde se encuentran representadas las organizaciones sindicales y empresariales, además del propio Consell Comarcal, ha constituido un elemento efectivo para la participación y el encuentro de consensos, en definitiva la concertación social como elemento base de cohesión social y territorial. Fruto del espíritu de concertación que impera en la comarca ya ha sido posible llevar adelante diversas iniciativas, entre las que quisiera señalar dos más , por su gran trascendencia. La creación de la Red de Servicios para la Ocupación del Baix Llobregat, que consiste en intermediar entre la oferta y la demanda en el mercado de trabajo diseñando unos itinerarios que van desde la captación de ofertas y demandas de trabajo hasta la cobertura de las mismas. Este servicio se integrará en el Servicio Catalán de Colocación, creado por la Generalitat de Catalunya, manteniendo sus especificidades y respetando su carácter de red comarcal. La elaboración del Plan Estratégico del Baix Llobregat, con la activa participación de los agentes sociales y económicos junto a las instituciones. Este Plan contiene básicamente cuatro líneas estratégicas: - Impulsar los grandes proyectos infraestructurales y urbanísticos. - Potenciar la diversidad productiva. - Mejorar la formación y agilizar el mercado de trabajo. - Impulsar dinámicas de prevención y cooperación para un desarrollo integral e integrador.
Evaluación del escenario económico-social y su proyección Es importante, delimitar el contorno económico y social en el que, de un modo tendencial, van a comportarse las principales macromagnitudes en lo que resta hasta fin de siglo (4 años) y que, sin duda, deben considerarse en la toma de decisiones a corto plazo en las estrategias de desarrollo local, fomento de la iniciativa empresarial y perspectivas ocupacionales. Es sabido por todos que nos encontramos ante una difícil situación económica de carácter internacional que se agudiza en España, al mezclarse con los desequilibrios estructurales no del todo resueltos en nuestro país, déficit público, inflación, altos tipos de interés, paro, etc. No es ninguna anécdota comprobar que el conjunto de los países de la OCDE-Europa tendrán un crecimiento negativo del 0,3% en su P.I.B. no siendo mucho más halagüeñas las previsiones que estiman un crecimiento del 1,8% frente al 2,7% que tendrán los países no europeos de la OCDE. Esta previsión implica, en consecuencia, constatar la existencia de 34 millones de personas en paro, lo que representa, el 8,5% de la Población Activa del conjunto de la OCDE, llegando, posiblemente, al 8,7%; es decir, a 36 millones de parados. Cifras, sin duda, escalofriantes y no en balde consideradas como la cota de paro más elevada desde la 2ª Guerra Mundial y a la altura de los índices registrados en 1983. En esta radiografía es significativo constatar que de 1990 a 1994, es decir en el corto período de 5 años, se habían generado 10,5 millones de personas desocupadas más en el conjunto de la OCDE. Además se constata que durante 20 años ininterrumpidos el paro se revela con un componente estructural importante, es decir que, aunque crezca la economía y la demanda, no se reduce el desempleo. Todo es indicativo y fiel reflejo de que las tradiciones políticas de fomento de empleo desde la vertiente macroeconómica y presupuestaria son muchas veces inocuas, o simplemente influyen ligerísimamente en la tendencia. Actualmente se tiende ya a reconsiderar estas políticas no tratándolas como un fin en sí mismas, sino como un medio o un complemento para un fin. De nuevo nos enfrentamos a un problema de rigideces administrativas y normativas que constriñen el cerco de los recursos públicos destinados al fomento de empleo y, a pesar de aumentar los recursos, no se consiguen aumentos de empleo. Es más, en algunos casos como es el español, cuantos más recursos existen para fomentar el empleo más desempleados existen con derecho a prestaciones. En este circuito existen contabilizados más de 300.000 millones de pesetas de fondos públicos, sin contar autonomías, ni ayuntamientos, ni fondos comunitarios. Cuantía tan respetable merece mejor uso y mejores resultados que una simple utilización como mecanismo compensador de rentas. Estos recursos deben circunscribirse de modo cofinanciado en el marco municipal como fondos de inversión, que tengan efecto multiplicador e incidencia en el tejido productivo. Este es el camino para el empleo. No puede haber dinero ocioso o mal utilizado y, más, si son fondos públicos. Combatir los tenues niveles de crecimiento del P.I.B. no se conseguirá a través de políticas fiscales ni monetarias, dadas las limitaciones que soportan. En el aspecto fiscal, porque cualquier relajación supondría elevar peligrosamente el déficit público situado actualmente en el 6,4% del P.I.B. y, en el aspecto monetario, porque acciones expansivas supondrían renunciar a un objetivo imprescindible: bajar los tipos de interés. Toda esta panorámica traslada la presión a la política presupuestaria, con objeto de que ésta ejerza de mecanismo compensatorio, aunque un presupuesto expansivo, provocaría efectos negativos en las dos direcciones simultáneamente; es decir, aumentaría el déficit, impediría bajar los tipos y encarecería los intereses de la deuda pública. Ante este panorama, las soluciones no pueden ser cuantitativas sino cualitativas, como he expuesto anteriormente. Admitiendo, en términos conceptuales, una buena orientación en las medidas de política económica, en términos de control de los desequilibrios básicos (inflación, déficit público, balanza de pagos, tipos de interés), no podemos pasar por alto las indefiniciones y titubeos en las medidas de políticas microeconómicas, sectoriales, de fomento a la actividad productiva, de formación de recursos humanos, de reformas en el mercado de trabajo y de apuesta decidida por el desarrollo local como motor dinámico de la economía y el empleo, especialmente en su incidencia sobre la pequeña y mediana empresa, única capaz de generar empleo en nuestro país, dada la estructura productiva que tenemos, pues no hay que olvidar que el 75% del P.I.B. del sector privado se asienta sobre las Pymes. No es de esperar que se produzcan cambios espectaculares en esta tendencia. La economía del área de la OCDE funciona con unos márgenes tan delimitados y con una interdependencia, conocida en tiempo real, que anula el factor sorpresa y neutraliza las aventuras especulativas en cuestión de días. Ortega dijo en cierta oportunidad que una situación crítica se caracteriza en un país porque a ese país no sabe lo que le pasa, y eso es precisamente lo que le pasa. Es importante, en consecuencia, que en la economía española, tratemos de saber objetivamente lo que nos pasa para, después, entre todos, no unos más que otros, entre todos, con sentido de solidaridad y finalidad común, buscar el conjunto de soluciones posibles en el marco de un plan estratégico de país. Este conocimiento exige moverse simultáneamente en tres planos: la influencia que tenemos de la coyuntura externa, la irreversible y necesaria integración económica europea y los males endógenos de nuestra economía. Estos aspectos van a ser una constante en lo que resta de década y en el centro de ellos se sitúa la variable empleo como objetivo y, en este objetivo, no va a estar, no puede estar, subestimado o infrautilizado el desarrollo local y sus aportaciones. Para ello debe entroncarse decididamente en el marco de la corresponsabilidad en las decisiones de política económica, como una pieza relevante, dinámica, activa, interdependiente y comprometida. Esta es la oferta y a la par exigencia que el movimiento de desarrollo local debe formular con nitidez a la sociedad española. El fin empleo, progresión económica y social justifica sobradamente esta disposición, lo contrario sería una irresponsabilidad innoble de aquellos que concebimos la política como el vehículo para transformar y avanzar en el contexto social en el que vivimos y nada ni nadie puede hacernos abdicar de esta sana disposición a colaborar en este fin. Es evidente que la pretensión de cualquier sociedad es tener empleo para el conjunto de su población activa, lo que se traduce en un objetivo de capital importancia en las actuaciones de los gobiernos sin distinción. No obstante, ello no implica que los gobiernos, por sí solos, puedan generar empleo, a lo sumo crear las condiciones necesarias, que no suficientes, para que pueda crearse empleo. Por esta razón tiene tanta relevancia la existencia y coordinación entre la política económica, la industrial y la de empleo, dado que son vasos comunicantes de afectación mutua e interdependiente, y la única garantía de crecer de manera equilibrada y cohesionada socialmente. En este sentido el empleo se revela como un indicador finalista que refleja la progresión de un país hacia mayores cotas de bienestar económico y social, aunque para ello es imprescindible la contribución corresponsable del conjunto de la sociedad que propicie el máximo volumen de ocupados en relación a la población activa y, asimismo, que el empleo generado sea longevo y de calidad en términos de producción y costes. Este es el gran reto y hacia donde debemos proyectar nuestra creatividad, imaginación y acción política, fomentando novedosas iniciativas empresariales, entendidas como proyectos de desarrollo y, adecuadas territorial y sectorialmente a la estructura de nuestro país, haciendo compatible, la inversión pública y la generación de infraestructuras, con la implementación de iniciativas empresariales que motiven y movilicen a la iniciativa privada. El reencuentro con la eficiencia en el sector público, debe orientarse a garantizar el efecto multiplicador del recurso público, ya que el problema no es exclusivamente de ahorro, sino de gastar mejor, de forma más productiva en la prestación de servicios y en la incentivación para generar nuevo empleo. Ello no debe impedir una política de cobertura social amplia, racional y solidaria; aunque la fortaleza real de nuestro afán por avanzar en el imprescindible desarrollo económico de nuestro país se debe medir, no sólo por el nivel de derechos sociales reconocidos, sino por la certeza de que no deberán ser utilizados, salvo en circunstancias excepcionales. La solidaridad redistributiva que se establece entre el sistema productivo y el inactivo en el mercado ocupacional no puede ser el objetivo que oculte que lo realmente importante es aplicar recursos a la inversión, a la creación de actividad empresarial, a la mejor asignación de rentas salariales, a una mejor distribución de los recursos humanos ocupados y a la formación e inserción ocupacional. Esta asignación de recursos motiva, genera confianza en nuestras posibilidades y en la construcción de iniciativas comprometidas de desarrollo. La asignación meramente subsidiada, por regla general, o es una actuación transitoria, un medio para un fin, o es una manifestación de impotencia que evidencia que no se ha resuelto el problema de fondo; es decir, la capacidad pública y privada de crear proyectos capaces de transformarse en realidades generadoras de riqueza, desarrollo y empleo. En este contexto, y no en otro, es donde cabe considerar mecanismos facilitadores de sinergias entre lo público y lo privado, cuyo desenlace se mida en términos de aumentos de la población ocupada, compatibles con el rigor económico y presupuestario. Abordar un cambio estructural y conceptual de las políticas e instrumentos existentes en materia de políticas activas de empleo es la tarea más inmediata que demanda la sociedad en la próxima década, dado que estas herramientas, si bien han cumplido sobradamente sus objetivos en la década de los ochenta, se revelan inadecuadas ante la profunda transformación tecnológica, económica, social y europeísta en la que de manera irreversible se encuentra nuestra sociedad.
Nuevas políticas de fomento de empleo Todas estas consideraciones deben concretarse en una nueva orientación en las actuaciones de la política de fomento de empleo estableciendo una mayor correlación y corresponsabilidad entre desarrollo local y empleo. En este sentido, se formulan las siguientes líneas de actuación: - Concebir un Programa Nacional de Desarrollo Local y Empleo -PEDL- en el que se coordinen de forma interactiva las diferentes actuaciones de la Administración Central, Autonómica y Local, de manera que se orienten, sinérgicamente y cofinanciadamente, acciones de estrategia de crecimiento adecuadas a las circunstancias específicas de los territorios. - Articular una ley marco del desarrollo local que delimite los derechos y obligaciones, y establezca los requisitos, metodología y financiación, que permitan la coordinación institucional, así como la complementariedad de políticas generadoras de iniciativas inversoras, aprovechamiento de recursos endógenos y capacitación de recursos humanos. - Reorientar el Programa de Escuelas Taller para que sea un instrumento dentro del conjunto del Plan y no algo aislado o desconexo de la política de empleo. Ello implica acentuar su concepto de formación-empleo, concebido como la antesala de un proyecto empresarial, además de contribuir a rehabilitar espacios obsoletos para convertirlos en operativos en la zona donde operen. - Crear el concepto de Red Nacional de Centros Experimentales de Creación de Empresas con objeto de facilitar la puesta en marcha de proyectos empresariales innovadores, ponderando su riesgo, verificando su viabilidad y adecuando sus costes de puesta en marcha hasta que su definitiva consolidación permita su normal funcionamiento en el mercado. - Adecuar la orientación de los recursos de los convenios INEM-Corporaciones Locales de modo que queden circunscritos a un plan de desarrollo estratégico municipal. - Adecuar de manera complementaria planes formativos que se orienten a capacitar los recursos humanos de cada zona a las necesidades ocupacionales que se deriven del Plan Estratégico en relación a las iniciativas empresariales que se proporcionen en el territorio. - Coordinar todas estas funciones a través de la participación de los agentes sociales, comunidades autónomas y municipios integrando en su seno las funciones de intermediación en el mercado de trabajo, las políticas activas de fomento de empleo, las acciones de incentivos regionales, la incidencia de la política de infraestructuras y medio ambientales, y las actuaciones de incentivos industriales y de fomento de la pequeña y mediana empresa. Sin duda, la articulación política de todos estos elementos dotaría de cohesión a los recursos públicos de las diversas administraciones y especializaría, sectorial y territorialmente, las medidas de fomento, estableciendo un marco de actuaciones microeconómicas en perfecta concordancia con la macroeconomía, con objeto de garantizar estabilidad en las magnitudes básicas de nuestra economía. Todo ello con la certeza de que no se incorpora ningún elemento de gasto público adicional sino, incluso, ahorro y más eficacia en la gestión y los resultados. Este conjunto de enunciados deberían constituir el referente programático de nuestra acción política a corto y medio plazo, sentando las bases de una articulación asociativa sólida, democrática, participativa y representativa, sin perjuicio de una concepción federal, pero con la convicción de que la fortaleza política para el avance de todos se garantiza con una representatividad estatal que tenga peso específico de interlocución, ya sea potenciando las diferencias en el ámbito regional o de las nacionalidades, ya sea aglutinando, defendiendo y construyendo lo común en el conjunto del Estado Español. Con estos puntos de mira, de lo concreto a lo global, de lo global a lo concreto, es como se forjan los avances colectivos y es, además, donde se reconoce a los estrategas que saben entender que el beneficio individual se obtiene a través de la contribución al beneficio colectivo; si entendemos que este es el paradigma de funcionamiento, si no tenemos una sólida alternativa, apostemos decididamente por este objetivo, sumemos lo homogéneo, pospongamos lo irrelevante para conseguir todos lo necesario. Seamos consecuentes con la parte de utopía que hay en todos nosotros, trabajemos con la mirada en lo imposible porque queremos garantizar lo indispensable. Este es un esfuerzo de todos que hay que hacer si queremos ganar el futuro.
José Montilla Aguilera, Presidente del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Alcalde de Cornellà |
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