La igualdad es la especie en peligro de extinción de los ideales políticos. Incluso los políticos de centroizquierda rechazan la igualdad como ideal: el gobierno tiene que combatir la pobreza, afirman, pero no tiene que esforzarse para que los ciudadanos sean iguales en medida alguna. En su nuevo libro, Ronald Dworkin insiste, por el contrario, en que la igualdad es la virtud indispensable de la soberanía democrática. Un gobierno legítimo tiene que tratar a todos los ciudadanos como a iguales, esto es, con igual respeto y consideración. Y puesto que la distribución económica que consigue una sociedad es consecuencia, sobre todo, de su sistema legal y político, ese requisito impone a la distribución constricciones igualitarias muy severas.

¿Por qué la distribución de la riqueza de un país demanda la igualdad de consideración? Dworkin se apoya en dos principios humanistas fundamentales (primero, la necesidad objetiva de que prospere la vida de todo ser humano, sea cual fuere su condición; y segundo, la responsabilidad que debe tener toda persona de definir su propia vida y conseguir que prospere) como base de su bien conocida tesis de que la verdadera igualdad es la igualdad en el valor de los recursos que cada persona tiene a su disposición, y no de los éxitos que logra. La igualdad, la libertad y la responsabilidad individual no están, pues, en conflicto, sino que fluyen y refluyen las unas de las otras, como facetas de la misma concepción humanista de la vida y la política. Puesto que no se puede entender ninguna teoría política abstracta si no es en el contexto de las cuestiones políticas reales y complejas, Dworkin desarrolla sus tesis aplicándolas a las acaloradas controversias contemporáneas sobre la distribución de recursos sanitarios, los subsidios de desempleo, la reforma de la financiación de las campañas electorales, la acción afirmativa, el suicidio asistido y la ingeniería genética.

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