Consolidación Democrática, Gobernabilidad y Violencia Política

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Consolidación Democrática, Gobernabilidad y Violencia Política.

Sinopsis:

EL periodista y politólogo Sergio Salinas revisa la situación de gobernabilidad de América Latina a mediados de los noventa para después resaltar la situación que vivieron dos países emblemáticos como México y Perú, y el surgimiento de movimientos sociales radicalizados que afectan a la gobernabilidad de la región, con lo que podemos extraer las consecuencias de su planteamiento pasados ya unos años y aplicarlas al futuro próximo.

Diversos estudios de cientistas políticos, artículos de prensa e innumerables opiniones de la elite política son la comprobación fáctica de la preocupación sobre el avance de los procesos de consolidación democrática en nuestro continente. Algunos temas como los grados de corrupción, las vinculaciones gubernamentales con el narcotráfico, la presión del actor militar, de actores antisistémicos y de los movimientos sociales, son tomados a diario por los medios de comunicación como indicadores que permiten analizar cómo avanzan estos procesos e intentar medir sus niveles de gobernabilidad.

Al mismo tiempo, el debate académico ha girado en torno a la determinación de cuándo una democracia está consolidada, por cuanto no basta que haya desaparecido el riesgo inminente de un nuevo golpe militar o la existencia de movimientos antisistémicos, sino que está presente el problema de las condiciones de estabilidad de la democracia, donde no hay una ley general al respecto. Este escenario ha generado numerosas definiciones sobre Gobernabilidad en las Ciencias Políticas, pero todas directamente relacionadas con la aparición o agudización de situaciones de crisis en los sistemas políticos. De la misma manera, muchas de estas definiciones apuntan a generar indicadores que marquen el nivel de Gobernabilidad de un sistema político.

Desde una perspectiva preocupada por el establecimiento de indicadores que marquen el nivel de gobernabilidad de un sistema político, principalmente el vinculado a la existencia de actores antisistémicos, he tomado dos conceptualizaciones para el presente artículo. La primera, del politólogo chileno Jorge Jaraquemada, señala que la gobernabilidad de la democracia apunta a la capacidad de las instituciones que conducen el Estado de administrar la sociedad a su cargo y de adoptar decisiones públicas consecuentes, en un marco de competencia pluralista en el plano político y con una sociedad civil autónoma y libre para desarrollar las actividades propias del ámbito privado.

Para Jaraquemada, la necesidad de gobernabilidad es algo inherente a todos los regímenes políticos existentes, pero en democracia se torna más compleja, pues se presentan más interacciones en la sociedad. En el plano político, por ejemplo, está la separación de poderes, la presencia de una oposición sistémica con la cual se debe negociar, la actividad de los partidos políticos y su legítima pugna por alcanzar el poder o tener influencias en los niveles decisorios. También la gobernabilidad presenta interacciones en el plano social, donde diversos actores entregan sus demandas al Estado, para su intervención directa o para la fijación de pautas orientadoras.

Es importante señalar que la gobernabilidad de la democracia incide en la estabilidad del sistema pero no se confunde con ella. “Se tienen casos donde el sistema democrático es perfectamente gobernable, pero la percepción disonante de las Fuerzas Armadas respecto de algún punto considerado estratégico para ellas, las puede llevar a intervenir de manera sorpresiva, como aconteció con el derrocamiento del presidente Fernando Belaúnde en Perú en 1968” (Jaraquemada:1991:246). Un caso paradójico lo constituyó el autogolpe del presidente Fujimori, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, que se realizó bajo la justificación de ingobernabilidad provocada por la acción de los movimientos antisistémicos y corrupción en el poder judicial y legislativo.

La estabilidad del sistema, a diferencia de la gobernabilidad, dice relación con la vigencia de la institucionalidad democrática. La estabilidad apunta a la permanencia y proyección del sistema democrático sobre los cambios de gobierno a que dé lugar la alternancia en el poder, demostrando la capacidad de absorber, canalizar y resolver por medio de los mecanismos institucionales los diversos conflictos societales que se dan en su interior. Siendo distintos los conceptos de gobernabilidad y estabilidad, entre ellos hay una estrecha relación en cuanto a que el primero se cimentará en el segundo.

Un sistema será más estable institucionalmente, mientras más gobernable sea la democracia. Por ejemplo, la crisis vivida en Brasil con la salida del ex presidente Fernando Collor se convirtió en un examen del nuevo sistema democrático brasileño, que aprobó esta prueba.

Además de las Fuerzas Armadas, otros actores que han tenido la fuerza suficiente para tomar el poder pasando por sobre los mecanismos preestablecidos, son los grupos insurreccionales como el Movimiento 26 de Julio en Cuba y FSLN en Nicaragua; movimientos de tipo religioso, como los shiítas en Irán o movimientos inorgánicos, como en Rumania en 1989, con la salvedad que todos estos grupos se impusieron a regímenes autoritarios o totalitarios y no democráticos. Actualmente en América Latina, no existen movimientos fuertes de este tipo, con la excepción del efecto acelerador de la crisis política que han provocado los zapatistas al sistema mexicano y la acción de grupos guerrilleros en Colombia y Perú.

La segunda conceptualización de Manuel Alcántara, se refiere principalmente a las normas generales que caracterizan una situación de ingobernabilidad: a-) la indisciplina, manifestada en los esfuerzos que realizan determinados ciudadanos para influir en las decisiones públicas por métodos violentos, ilegales o anómalos, b-) la inestabilidad, en cuanto al fracaso de la élite política para conservar sus posiciones de dominación o para reproducir las coaliciones preexistentes, c-) la ineficacia, entendida como la disminución de la capacidad de políticos y burócratas para alcanzar los objetivos deseados y asegurar el acatamiento de ellos a través de medidas de coordinación obligatorias o de decisiones emanadas de la autoridad del Estado y d-) la ilegalidad, es decir, “los esfuerzos realizados por los poseedores de un poder corporativo de alto nivel para evadir restricciones legales y constitucionales en su búsqueda de ventajas e incluso de su propia supervivencia” (Alcántara:1995:30).

El presente artículo estará dividido en tres partes: 1) un panorama de la gobernabilidad en América Latina, realizado con elementos de la teoría de conflictos; 2) el análisis de dos casos emblemáticos: Perú y México, escogidos por la gravitación de sus movimientos antisistémicos principales en el proceso de consolidación democrática, Sendero Luminoso y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional; y 3) el análisis de un nuevo actor que comienza a afectar la gobernabilidad de los países de la región y que he denominado, movimientos sociales radicalizados.

Intentar realizar un análisis comparado de los procesos de consolidación democrática y la gobernabilidad en América Latina desde la Teoría de Conflictos nos permite extraer algunos importantes elementos para ser considerados en una discusión sobre este tema y para sentar bases para un cambio cultural. En primer lugar, casi no existen conflictos estructurales, los que son definidos como aquellos en que el conjunto social (o sus partes) tiene intereses incompatibles, aunque no exista conciencia de ello en la sociedad. Si bien no representa un tipo puro, el caso mexicano pudo haberse inscrito en esta tipología hasta el levantamiento de Chiapas, que provocó un remecimiento en la sociedad mexicana. El conflicto estructural que vivía el país azteca se transformó en un conflicto de actores por la formación de conciencia en vastos sectores de la sociedad y la organización de los indígenas chiapanecos que transformó los intereses regionales de reconocimiento y transición a la democracia en objetivos nacionales.

De esta manera, la mayoría de los conflictos sociales en América Latina son de actores, los que persiguen objetivos incompatibles entre sí. En este caso, más allá de la conciencia, existen objetivos claros y una actividad para organizar el conflicto. Además de los actores sociales tradicionales, en los últimos años otros actores han provocado el cambio de conflictos estructurales a conflictos de actores, entre ellos destacan los movimientos ecologistas y los movimientos indígenas. Los intereses de estos grupos, que en la década pasada eran muy minoritarios al estar sumidos en la fiebre ideológica de cambios societales, con mucha fuerza se están convirtiendo en nuevos objetivos en la actual sociedad, algunos de los cuales incluso pueden convertirse en nuevas ideologías.

En Chile, los nuevos actores no han logrado conformarse en grupos de presión fuertes, sólo constituyendo grupos de interés, con un emergente posicionamiento en el escenario político nacional. De esta forma, la mayoría de los conflictos sigue teniendo como protagonistas a los actores tradicionales, ya sean partidos políticos, sindicatos, profesores, médicos o empresarios agrícolas.

En segundo lugar, al analizar los conflictos en torno a los protagonistas, se puede señalar que la mayoría se mantiene al nivel de personas (uno o más adversarios) o sociedades (relaciones entre diferentes categorías o grupos), no existiendo grandes conflictos en sistemas (interacciones entre adversarios dentro de un mismo sistema social). Los casos aislados se encuentran en Colombia, México y de manera latente en Centroamérica, mediados los últimos casos por procesos de paz.

En tercer lugar, algunos países como México, Perú y Colombia, presentan un desgastado respaldo a las tradicionales reglas para la resolución de conflictos, que evitaban su desbordamiento en violencia y que suponían un procesamiento no partidarizado del diferendo. Lo que sumado a que no existe un acuerdo pleno para la aceptación de reglas procedimentales propiamente democráticas, que a partir del respeto al principio de mayoría, limitado por los derechos de las minorías, permitan procesar los conflictos internos a través de vías electorales; presentan escenarios altamente conflictivos, con agudas manifestaciones de violencia antisistémica.

En ambos casos toda la política nacional está cuestionada, no apreciándose una real fórmula de recambio, basada en la unión de la clase política, la reconciliación partidista y la búsqueda de acuerdos de paz.

En Colombia la crisis socio-política se ha descentralizado, antes sólo se sentía y resolvía en la capital, Bogotá. Actualmente se siente en ciudades intermedias, principalmente en Medellín, Cali, Barranquilla, Bucamaranga y subregiones que dependen de ellas. La actual ofensiva guerrillera ha ampliado el radio de acción por toda la geografía colombiana, en circuntancias en que hasta el año pasado sólo se mantenía en ciertas zonas, producto casi de un acuerdo tácito con el Estado. La guerrilla es un verdadero poder económico, con un capital calculado en más de un millón de dólares diarios, principalmente logrado a través de acciones de secuestros y extorsiones.

Además, Colombia debe seguir afrontando la constante aparición de grupos paramilitares, el influjo recurrente del narcotráfico, la desaforada extensión de la delincuencia común, que son clara muestra de la incapacidad de la clase política y del entramado constitucional para gestionar acertadamente los asuntos públicos. El estado ha perdido su legitimidad porque no consigue representar a la nación enfrascada en la guerra. La sociedad está en una verdadera prisión de intereses privados. En este escenario el Proceso 8.000, que busca dilucidar la supuesta relación del presidente Samper con el narcotráfico, resulta clave para el futuro colombiano.

En el caso chileno se siguen utilizando las tradicionales reglas para la resolución de conflictos, pero con un componente más político que técnico, buscando evitar los conflictos o, si es inevitable, tratando de ganarlos. Esta metodología sólo consigue detener los conflictos momentáneamente, dejándolos latentes. Al mismo tiempo, se está consolidando una cultura de conflictos que apunta a que el llamado “underdog” o parte subordinada, protagonice movilizaciones en la etapa de pre-conflicto para lograr ser aceptado como parte y escuchado. Como tal reconocimiento significa un cambio en la correlación de fuerzas, el topdog o parte dominante habrá de resistir y de ahí derivar en lucha. Por último, resulta peligrosa la aparición de una tendencia que apunta a la excesiva duración de los conflictos, lo que comienza a demostrar una falla en los canales institucionales para su encausamiento institucional.

La atención, entonces, tiene que estar dirigida a las diversas causas e intervenciones que presenta la esfera del conflicto, las que la mayoría de las veces se dan interrelacionadas. Sólo un cabal conocimiento de la geografía y la cultura de conflictos que impera durante la consolidación democrática permitirá a nuestros gobernantes buscar formas más o menos rigurosas y estandarizadas de regular los conflictos garantizando de esta manera una buena gobernabilidad y así comenzar un lento, pero necesario caminar hacia el cambio de la cultura de la violencia a la cultura de la paz.

Sin duda, la dinámica política vivida en los últimos 18 años en el Perú, responde -no se podría explicar de otra manera- a la existencia de movimientos antisistémicos fuertes y su innegable influencia en el cambio del entorno y de las actuaciones en lo político. Uno de los principales factores de riesgo de la consolidación democrática en el Perú, junto con el narcotráfico, sigue siendo -en una menor escala que años atrás- la existencia de Sendero Luminoso. Incluso el escenario de guerra interna y la crisis de gobernabilidad fue invocado como uno de los detonantes de la involución democrática vivida con el autogolpe del presidente Fujimori y una de las razones posteriores, por los triunfos obtenidos en contra de estos grupos, de la legitimación interna y externa del gobierno.

Los últimos 18 años muestran que Sendero Luminoso se convirtió en un importante agente de movilización, acelerador de la crisis estructural que vivía la sociedad peruana y en un factor de polarización de demandas. Sólo entre Sendero Luminoso y el MRTA realizaron 38.520 acciones militares entre 1980 y 1993. De ellas 34.605 fueron realizadas por el grupo maoísta y 3.915 por los tupacamaristas.

La crisis socio-político-económica que vivía el Perú luego del retorno al sistema democrático en 1980 fue agudizada por el accionar de Sendero Luminoso, concadenándose al mismo tiempo con graves deficiencias en el aparato estatal y su dirección política.

El accionar guerrillero contribuyó de gran manera para no permitir una rearticulación entre Estado, sistema político y sociedad civil, factor importante para lograr estabilidad y avanzar en el proceso de consolidación democrática. Además, el escenario de guerra no permitió una masiva participación política, ni la existencia de espacios propios de ejercicio del poder, lo que implica transferencia del poder central a niveles locales o institucionales intermedios.

Al mismo tiempo, contribuyó y, de cierta manera, mostró la incapacidad del sistema político para desarrollar, al nivel de las élites políticas, dirigencias partidarias poseedoras de legitimidad y no subordinadas a los resultados electorales particulares. Esto repercutió en la no configuración de mayorías políticas, manteniéndose los mismos sectores cuya confrontación en el pasado polarizó el sistema y permitió tanto su crisis como la autonomización del actor militar. Ello ha quedado reflejado en las últimas elecciones con la virtual desaparición de los partidos tradicionales y el surgimiento de caudillos locales y líderes populistas.

Por otra parte, pese a la existencia de una izquierda sistémica representada en la Izquierda Unida, que incluso obtuvo la segunda votación en la elección de 1985, el accionar senderista le provocó a este sector una considerable baja en el apoyo recibido en importantes sectores de la sociedad, sobre todo en las franjas barriales, obreras y campesinas.

En síntesis, se puede sostener que el sistema institucional no fue capaz de absorber, canalizar y resolver por medio de sus mecanismos los diversos conflictos societales que se vivían en su interior. Siendo conceptos distintos la gobernabilidad y la estabilidad democrática, la ingobernabilidad vivida provocó la inestabilidad institucional del sistema.

En el aspecto económico, estos 18 años de enfrentamientos, sin considerar los gastos en defensa, ascienden a más de 26 mil millones de dólares, cifra equivalente a la deuda externa peruana. Monto impresionante, sobre todo si se tiene en cuenta que miles de peruanos continúan viviendo hoy en la pobreza y en la marginalidad extrema.

En el aspecto social, 18 años de enfrentamientos han provocado la dramática cifra de más de 27 mil muertos; 2.875 desaparecidos (según la Coordinadora de DD.HH.); 59.000 fugas de talentos al exterior; un millón de desplazados; y 131.700 huérfanos. De los fallecidos a causa de los enfrentamientos, cerca de 11 mil eran civiles; 8.200 guerrilleros; 2.100 militares; y cerca de 2.500 muertos que no fueron registrados oficialmente.

A diferencia de las guerrillas del ‘65 que no llegaron en ningún momento a colocar en riesgo la estabilidad política, y que fueron vencidas en sus inicios (pereciendo en la lucha sus principales dirigentes, Luis de la Puente y Guillermo Lobatón del MIR y Javier Heraud del ELN), las guerrillas de los 80 pusieron constantemente en jaque al régimen político peruano.

Principalmente, porque Sendero Luminoso -a diferencia de los movimientos guerrilleros del resto de los países latinoamericanos- supo percibir las fallas estructurales en la sociedad peruana, logrando tener una base de apoyo en los sectores más marginados de la sociedad, aprovechando las diferenciaciones históricas entre los sectores geográficos del país y el abandono en que se encontraban por parte del Estado.

Lo anterior quedó reflejado en que Sendero Luminoso y su estrategia de Guerra Popular Prolongada otorgara un rol fundamental al campesino e indígena peruano, tanto en la militancia como en la dirección. Principal diferencia con los primeros grupos guerrilleros que estaban conformados mayoritariamente por universitarios, intelectuales y algunos obreros que se asentaban en localidades campesinas.

Sendero Luminoso considera que la toma del poder y la instauración de la nueva sociedad serán producto de una guerra popular prolongada que, teniendo como escenario fundamental el campo, marchará hacia el cerco de las ciudades. Esta será apoyada por la alianza entre obreros y campesinos, en la cual el proletariado es la clase dirigente y el campesinado la fuerza motriz fundamental.

Dentro de esta lógica, Sendero Luminoso pretendió destruir (no conducir, como era la lógica anterior) todo lo que fuera identificable con el "viejo Estado", sin importar si fueran organizaciones sociales, políticas o culturales, de larga tradición y masivo apoyo popular.

Otra importante diferencia con las guerrillas del ‘65, e incluso con el MRTA, es que desde el inicio de la lucha armada Sendero Luminoso reivindicó el terrorismo como una metodología válida para alcanzar sus fines. Incluso en sus documentos lo menciona como una de las herramienta más útiles, junto con la propaganda, agitación y lucha guerrillera, para lograr conformar en el Perú la República de la Nueva Democracia.

La actual situación, de crisis y divisiones, que se vive en el interior de Sendero Luminoso está marcando su ocaso definitivo, lo que no debe esperarse a corto plazo, ya que la consolidación lograda en diferentes estratos de la sociedad y el endurecimiento político-ideológico que están viviendo los sobrevivientes presagia la continuación de la lucha armada en el mediano plazo, fenómeno llamado por algunos politólogos como “etarrización” del movimiento.

En síntesis en el caso peruano, siguiendo la conceptualización de Manuel Alcántara, se puede señalar que durante la década del ‘80 se vivió un escenario de ingobernabilidad motivado principalmente por la actuación de movimientos antisistémicos, con la consiguiente utilización de métodos violentos para alcanzar sus metas. Además, un escenario de inestabilidad, motivado por el fracaso e ineficacia de la élite política para conservar sus posiciones de dominación o para reproducir las coaliciones preexistentes.

La sobreviviencia de movimientos antisistémicos en el Perú, pese a los triunfos en la lucha contrainsurgente de Fujimori, muestra prospectivamente que la gobernabilidad democrática peruana seguirá amenazada. Lo que quedó demostrado con la toma de la embajada de Japón en Lima por un comando del MRTA en diciembre de 1997.

Entender el resurgimiento de guerrillas en México no es una tarea fácil por las variables intervinientes directa o indirectamente y por las muchas perspectivas que se superponen para encubrir, confundir o negar la dimensión social de estos movimientos. En cierta manera, estas guerrillas aparecen como nadando contra la corriente mundial, pero esto se explica por el escenario, absolutamente atípico, del sistema político mexicano. A la vez, en México existe una violencia previa a la guerrillera, una violencia política y económica que debilita, empobrece y confronta a la sociedad de regiones concretas.

Es importante señalar que las guerrillas han sido una constante en México. No constituyen un fenómeno reciente ni esporádico. Movimientos como el EZLN en Chiapas o el EPR en Guerrero y Oaxaca alcanzaron su configuración actual a partir de organizaciones activas a principios de los ochenta o finales de los setenta y que, a la vez, provenían de organizaciones que aparecieron a principios de los setenta o a finales de los sesenta. Es decir, la guerrilla moderna en México lleva ya más de 30 años de lucha ininterrumpida.

Las actuales guerrillas constituyen la fase armada y final de una violencia que desencadenan las políticas que imponen los grupos de poder regional. Entonces las guerrillas surgen como movimientos de autodefensa armada de los propios pueblos imbricados con los últimos sobrevivientes de una estrategia guevarista cada vez más alejada de su origen, insertos en un esquema político autoritario.

Como señala el politólogo mexicano Jorge Castañeda, el crecimiento de la guerrilla muestra que en México aún existe un sistema que tendría que haber desaparecido: es la única nación en América Latina, con la excepción de Cuba, que no ha emprendido reformas realmente democráticas para hacer más transparente la vida institucional y política. (Castañeda:1996)

Por estas razones las guerrillas campesinas e indígenas no pueden explicarse por un influjo solamente ideológico y no pueden ser eliminadas solamente por el aniquilamiento del núcleo armado. Detrás de este núcleo hay centenares de hombres y mujeres, a diferencia de lo que sucedió con la mayoría de las guerrillas de los ochenta en latinoamerica, que actúan silenciosamente como cómplices o activamente como proveedores de información, alimentos, rutas, ropa, etc.

Dentro de este escenario ha destacado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que desde 1994 hasta la fecha ha vivido un tránsito desde un ejército guerrillero convencional a una fuerza civil y pacífica. La explicación de este cambio de estrategia, que sin lugar a dudas marcará al resto de sus congéneres latinoamericanos, sólo se puede explicar por la génesis del zapatismo.

Diez años de análisis de errores, de preparación y aprendizaje del medio en que se desenvuelven lograron conformar una estrategia nueva en movimientos de este tipo. De cierta manera y sin ser un grupo guerrillero triunfante, como el FSLN y el Movimiento 26 de julio, el zapatismo está constituyendo un nuevo polo de atención e imitación para otros grupos de izquierda en latinomerica. Por primera vez se aprecia un grupo guerrillero subyugado a las directricez de las masas que dicen representar, a través del Comité Clandestino Revolucionario donde están representadas todas las etnias presentes en la selva de Lacandona.

El pasado del EZLN vinculado a la polarizada década de los setenta y, en específico, al movimiento llamado Frente de Liberación Nacional, ha tenido que dar paso a un movimiento de nuevo tipo que más se acerca a un movimiento social armado que a un grupo guerrillero foquista. La legitimación y apoyo logrado en la selva responde a que en su genésis confluyeron organizaciones campesinas e indígenas de larga data y con un plan de acción que coincidió con el planteado por los ladinos (blancos) universitarios.

Luego de este largo período de tiempo, los zapatistas lograron insertarse en las comunidades conformando un movimiento con más de 10.000 militantes, un 33% de ellos mujeres, con un promedio de edad de 22 años. Entonces, el levantamiento del 1º de enero de 1994 constituyó para ellos sólo el instrumento para legitimarse como actor político importante y provocar una ruptura de la inercia del sistema imperante. Por lo que el anuncio de transformarse en un frente político social sólo constituye un paso más en la búsqueda de convertirse en un movimiento legitimado, que comience a integrar en su seno a otros sectores descontentos en México, intelectuales, obreros y pobladores, en el objetivo de convertirse en una alternativa de gobierno.

A diferencia de los movimientos armados de la primera oleada guerrillera (Revolución Cubana) y segunda oleada (Revolución Sandinista) el EZLN no se plantea la toma del poder teniendo como eje estratégico la vía armada. Si bien plantea la combinación de todas las formas de lucha en la perspectiva insurreccional (utilizando también la vía armada), el eje central es la lucha política. Esta nueva estrategia inaugurada el 1º de enero de 1994, en que la propaganda política y la lucha por la opinión pública son partes integrantes, obedece a múltiples acomodos surgidos a raíz de los fracasos guerrilleros a nivel mundial, la caída del socialismo real y la aceptación del mercado como el mejor mecanismo de distribución del ingreso. Los escenarios futuros tanto en México como en América Latina mostrarán si esta nueva estrategia prende en nuevos movimientos, convirtiéndose en una nueva oleada guerrillera en el continente.

Como señaló el Sub-comandante Marcos: “de los sandinistas, los zapatistas aprendieron la desconfianza a la opción puramente electoral. De los farabundistas, la desconfianza al desarme. Y de los guatemaltecos, sus vecinos más cercanos...esa es, tal vez, la única pregunta que quedó flotando en el aire. Fuera de eso, la influencia es puro Villa y Zapata, y los errores, lo que no debe hacerse, de las guerrillas mexicanas de los años setenta”. (Marín;1994:90)

Además el zapatismo no ha atacado a la nación mexicana, pues en ningún momento ha planteado la autonomía del actor indígena, ni siquiera cuestiona al Estado; sino que cuestiona, a fondo, al gobierno priísta y en particular al presidente, Ernesto Zedillo.

Este fenómeno es interpretado de diferente forma por los politólogos mexicanos, para algunos el zapatismo es una representación de movimientos sociales premodernos, fundamentalistas que no tienen una perspectiva de nación. Para otros, el EZLN es la última respuesta a viejas demandas que por la vía legal habían estado realizando muchas comunidades indígenas y campesinas. Para ellos, no fue la opción armada la primera que tomaron, sino fue la opción última.

Lo cierto es que el boom provocado por las zapatistas en momentos en que se pensaba en una “utopía desarmada”, como lo señala Jorge Castañeda, se tradujo en numerosas publicaciones sobre el EZLN y el proceso vivido. La maduración que entrega el tiempo transcurrido debe apuntar a la realización de análisis más acertivos y prospectivos sobre el tema.

Podemos señalar que el zapatismo es un movimiento regional, que aspira a representar demandas nacionales, en temas genéricos como son la justicia y democracia. Esto los diferencia del resto de los grupos guerrilleros latinoamericanos, que buscaban a través de la conformación de vanguardias nacionales alcanzar el poder total, para así instaurar su propio proyecto de sociedad.

Esta estrategia ha tenido su correlato en los programas políticos seguidos por los zapatistas en estos cuatro años: en 1995, convocatoria a construir un amplio frente opositor que uniera las voluntades democráticas en contra del sistema de partido de Estado: el Movimiento para la Liberación Nacional; conversaciones de paz con el gobierno azteca, que incluyeron la firma de los “Derechos y Cultura Indígena” y la “Consulta por la Paz y la Democracia”, en que se realizó un ejercicio ciudadano que no tenía precedentes en la historia mundial: una sociedad civil y pacífica dialogando con un grupo armado y clandestino; y a nivel internacional, dos Encuentros Intergalácticos contra el Neoliberalismo, que se realizaron en todos los continentes.

En 1996 una audaz convocatoria, aparecida en la “Cuarta Declaración de la Selva Lacandona”: un llamado a la ciudadanía a participar en una nueva fuerza política: el Frente Zapatista de Liberación Nacional, definido como una organización civil y pacífica, independiente y democrática, mexicana y nacional, que lucha por la democracia, la libertad y la justicia en México.

De cierta manera, analizando objetivamente los sucedido en estos cuatro años, se puede señalar que la guerrilla zapatista se ha convertido en un fenómeno de marketing comercial y político en México e internacionalmente. La principal arma zapatista, a diferencia del resto de los grupos guerrilleros latinoamericanos, ha sido la utilización de la propaganda, ya sea a través de los comunicados del Sub- Comandante Marcos, verdaderas piezas literarias, en los cientos de WEB que poseen en Internet, o en los poster, fotografías, trabas para el pelo y poleras con los símbolos zapatistas que se venden en las principales zonas de México y en otros países, incluso en el Zócalo frente al palacio de gobierno.

Muchos mexicanos, sin ser de izquierda, consideran al zapatismo como la única expresión política crítica del actual sistema político. Tanto el PRI, como el PAN y el PRD son considerados como los mismos actores -con diferentes caras- de una dinámica política ya desgastada, en la que el clientelismo y el caciquismo siguen manteniendo la hegemonía en las relaciones sociales. Por otro lado, el fenómeno de la corrupción ha llegado a variados sectores de la sociedad, no tan sólo por influencia del narcotráfico, sino también por el negocio que se hace con las influencias políticas para conquistar cuotas de poder en la sociedad.

La actual deslegitimación del partido hegemónico, con más de 60 años en el poder, en medio de fuertes pugnas internas, cuyo más dramático correlato lo constituyó el asesinato de Luis Donaldo Colosio y de Mario Ruiz Massiu, constituye una expresión de esta crisis de legitimidad que vive el sistema político.

El EZLN en cuatro años de funcionamiento público se ha convertido en un agente de movilización de demandas de sectores marginados, indígenas y pobres del campo y la ciudad. Su posición y su dinámica política heterodoxa ha polarizado las demandas de importantes sectores, ejerciendo un rol de acelerador de la crisis del sistema político mexicano. Esto ha significado cambios en la actuación del gobierno y en el resto de los actores sociales, en la búsqueda de ajustes dentro del sistema político y en orden a controlar las movilizaciones sociales.

Pero luego de la matanza del 22 de diciembre de 1997 de indígenas por grupos paramilitares las conversaciones de paz entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno, se ha llegado a un punto muerto. Desde la misma fecha de la matanza hasta el 13 de enero de 1998 hubo pequeñas movilizaciones en 130 ciudades de 27 países, condenando los hechos y exigiendo una profunda investigación de lo sucedido, afectando aún más la credibilidad del gobierno del Pdte. Zedillo.

Para los zapatistas se vive una peligrosa situación que podría romper la tregua que se arrastra por varios años. Denunciaron reiteradamente que mientras se llamaba a continuar el diálogo, el ejército mexicano afinaba detalles de operaciones militares, complementa informaciones, detalla mapas y distribuye efectivos por toda la Selva Lacandona. En las cárceles los zapatistas iniciaron movilizaciones (huelgas de hambre y protestas) exigiendo juicios justos y el fin de la represión. Incluso el 6 de marzo de 1998, fueron detenidos 40 campesinos de la Unidad Nacional Lombardista acusados de apoyar la fuga de 46 presos zapatistas de la cárcel de Ocosingo.

Ante la gravedad de la situación la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) y la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI) emitieron comunicados llamando a las partes a reiniciar el diálogo (11 y 24 de enero de 1998). Incluso la CONAI emitió un documento, llamado “Por una estrategia de paz con democracia” dirigido al gobierno, al EZLN, a la sociedad civil y a los pueblos del mundo, en que abiertamente criticó al gobierno. El documento dijo que: “todo su actual esfuerzo está dirigido a resistir el acoso de que somos objeto y no caer en las continuas y cada vez más definitivas provocaciones guerreristas del gobierno”.

Por su parte, el gobierno mexicano incrementó la presencia militar en la zona e inició una campaña en contra de los extranjeros que viven en el área de conflicto. Al mismo tiempo, crtiticó duramente al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y lo acusó de manipular el conflicto de Chiapas. En marzo de 1998 el proceso de paz en Chipas entró a una de sus crisis más hondas, al enviar el Ejecutivo al Congreso de la Unión una propuesta unilateral de reforma constitucional sobre Derechos y Cultura Indígena con lo que virtualmente se daba fin a los acuerdos anteriores.

Chiapas se ha convertido en un verdadero polvorín a punto de estallar, con gran presencia militar en la zona, con la existencia de grupos paramilitares que asesina dirigentes campesinos, con los zapatistas armándose para un eventual enfrentamiento y con más de 150 mil desplazados. En este escenario las perspectivas de la paz se ven muy lejanas en tierras mexicanas. “Es difícil hallar algún tipo de enfrentamiento y división que no esté presente en la realidad chiapaneca. Es tan profunda la división que no se tolera la neutralidad y se obliga -o se intenta obligar- a tomar partido. Quienes no quieren afiliarse a uno de los dos bandos lo han pagado carísimo, como ocurrió en Acteal el 22 de diciembre de 1997 (matanza de Navidad)”. (Expansión:1998:6). Por primer vez, en la historia latinoamericana -y quizás sin quererlo- un grupo guerrillero ha afectado la gobernabilidad, más que por sus acciones armadas por la utilización de una nueva arma: la publicidad. El EZLN desnudó a la sociedad mexicana ante el mundo, mostrando que las instituciones políticas estaban perdiendo la capacidad de administrar la sociedad a su cargo y de adoptar decisiones públicas consecuentes, en un marco de competencia pluralista en el plano político y con una sociedad civil autónoma y libre para desarrollar las actividades propias del ámbito privado.

Al mismo tiempo, en los últimos cuatro años también se ha cuestionado la estabilidad del sistema político mexicano, es decir a la permanencia y proyección del sistema democrático por sobre los cambios de gobierno a que dé lugar la alternancia en el poder, demostrando la capacidad de absorber, canalizar y resolver por medio de los mecanismos institucionales los diversos conflictos societales que se dan en su interior. Como señaló Jorge Jaraquemada siendo distintos los conceptos de gobernabilidad y estabilidad, entre ellos hay una estrecha relación en cuanto a que el primero se cimentará en el segundo. El sistema político mexicano sólo será más estable institucionalmente cuando más gobernable sea la democracia.

Los cambios -vertiginosos- que están sucediendo en el mundo están íntimamente ligados con las grandes transformaciones que están ocurriendo en nuestro sistema social y en el cambio de roles -individuales y grupales- que se perciben en su interior. Uno de los rasgos principales que definen este cambio histórico en desarrollo es la globalización de la vida en el planeta en sus múltiples dimensiones: sociales, económicas, políticas y culturales. Estos cambios han provocado incluso la modificación de la estructura social o cultural.

América Latina no está ajena a estas transformaciones, pese a que sus efectos comienzan a sentirse mayormente a partir de la década del noventa. Así, diversos cientistas sociales, filósofos y politólogos perciben a la fragmentación social como uno de los principales problemas que trae consigo esta transición epocal. Como señala Ortega y Gasset “ya no es un cambio en el mundo, sino que el mundo está cambiando”. Existe una multiplicidad de grupos microscópicos que palpitan bajo una aparente homogeneidad, algunos de ellos considerados ilegítimos o ilegales por la sociedad y que poseen un poder aún no dimensionado.

Al mismo tiempo, estos grupos microscópicos suman sus múltiples demandas, locales, específicas, relacionadas con la calidad de vida, con diferentes minirelatos, a los input más tradicionales dirigidos a la caja negra del sistema político, como fueron en décadas pasadas, las demandas económicas y políticas.

En este escenario, la propia transformación que vive el sistema de partidos políticos y los partidos mismos los hace responder tarde o todavía no interpretar cabalmente estos fenómenos, lo que los hace mostrar deficiencias en su rol de agregadores de demandas y generadores de proyectos políticos, ya sean de cambio o de mantención del status quo vigente.

Algunos autores, como el izquierdista James Petras, apuntan a que por causa de esta evolución en los nuevos movimientos sociales en América Latina se están acelerando en el último tiempo la desorientación que se percibe en los partidos políticos. Además, estos nuevos movimientos sociales están generando conflictos que -en algunos casos- están desbordando los canales institucionales. Con el creciente cuestionamiento de la concepción política tradicional se está ofreciendo a los nuevos actores sociales una posibilidad histórica para que se encaminen no sólo al logro de un mejor futuro lejano, sino a tener como meta una existencia cotidiana digna de vivirse y que se logra día a día.

Para Norman Lechner la nueva complejidad social conlleva: la pluralidad de espacios más y más autónomos, segmenta los intereses materiales y mina los principios universales y las creencias colectivas que servían de anclaje a las identidades colectivas. Lo que genera un sinnúmero de pequeñas “tribus” transitorias entre las cuales los individuos deambulan como nómadas compartiendo en cuotas segmentadas los intereses y las emociones del respectivo grupo. Por otra parte, la multiplicación de lógicas específicas debilita la unidad de la vida social hasta un punto tal que la sociedad carece de noción de sí misma. Como afirma Lechner, ello plantea un problema fundamental de nuestra época: el cuestionamiento del Estado y de la política como instancias generales de representación y coordinación de la sociedad.

Lo que podría quedar refrendado en que en algunos en algunos movimientos sociales comienza a hablarse de la contradicción MODERNIDAD vs. MARGINALIDAD, en reemplazo de la lucha de clases. Estos grupos intentan articular los conceptos de marginalidad, cultura, identidad, nación, diversidad y pueblo pobre, en la búsqueda del nuevo sujeto histórico revolucionario.

Así la marginalidad encontraría su origen en el seno del modelo de economía neoliberal y su proyecto de modernidad. Los marginales formarían parte de nuevos y emergentes sectores sociales excluidos del sistema, ya sea, en sus aspectos económicos, políticos, sociales o culturales. Formarían parte de este contingente de marginados en América Latina: los pobladores, trabajadores, cesantes, intelectuales, jóvenes, artistas populares, trabajadores de la cultura, etnias, movimientos ecologistas, movimientos homosexuales y lésbicos radicales, organizaciones de deudores, estudiantes, ex-militantes de izquierda y grupos activos de ultra izquierda, etc. teniendo como factor común una auto percepción de marginalidad y la voluntad política de generar espacios de organización alternativos a los desarrollados por el sistema.

Por ejemplo, el Movimiento de los Sin Tierra (MST) ha pasado ha convertirse de un movimiento regional fuertemente asentado en el sur y centro del Brasil a un movimiento nacional con organizaciones cada vez más activas en las regiones del norte. Incluso su lucha ha ido generando muestras de apoyo en algunas ciudades, de sindicatos, de la iglesia e incluso de los habitantes de las “favelas”. El MST, desde sus orígenes en 1984, se encuentra trabajando en 21 estados donde ya ha asentado a 138 mil familias en tierras improductivas. “Estas familias disponen hoy de una renta media de 3,7 salarios mínimos mensuales. Si no fuese por el MST, millones de campesinos estarían ahora favelizados, engrosando el contingente de excluidos y marginales”. (Rebelión Movimientos sociales; 1997:1)

Internacionalmente el MST ofrece una imagen de combatividad y de consecuencia en la lucha por sus reivindicaciones, lo que es respaldado por la prisión de sus principales dirigentes, con una larga lista de campesinos asesinados durante las ocupaciones de haciendas a manos de paramilitares o de la policía. “Para el MST el derecho a la tierra no consiste solamente en acceder a una parcela, sino a poder sacar rendimiento de las conquistas de forma organizada”.(Rebelión Movimientos sociales; 1997:1)

Para ello ha tratado de solucionar el problema de créditos, asistencia técnica e infraestructura, con la creación de la Confederación de las Cooperativas de Reforma Agraria del Brasil (CONCRAB). Esta entidad reúne 45 cooperativas de producción agropecuarias, 10 cooperativas regionales de comercialización y decenas de asociaciones y cooperativas centrales en trece estados.

Por otra parte, desde 1993 se creó el Movimiento de los Sin Techo, principalmente en el Estado de Sao Paulo, que propugna una reforma urbana con criterios más distributivos, organizando invasiones de inmuebles públicos abandonados o no utilizados. “El fenómeno de los Sin Techo constituye una prolongación de los Sin Tierra. No tanto en lo organizativo, sino en lo sicológico. Diariamente, centenares de familias campesinas de distintos puntos del país llegan a los cinturones de miseria de Sao Paulo, Río de Janeiro y las principales ciudades brasileñas. La migración se produce precisamente por la ausencia de tierra donde trabajar. Al llegar a la ciudad, la ausencia de vivienda se convierte en una de sus principales angustias. De esta manera, los Sin Tierra en el campo y los Sin Techo en las ciudades se convierten en auténticos símbolos de resistencia contra la sociedad de la exclusión”. (Rebelión Movimientos sociales; 1997:1a)

Otro actor que a diferencia de décadas pasadas, está tomando un rol más activo en las movilizaciones sociales son los campesinos, principalmente por reivindicaciones gremiales y demanda de tierras, más que por posturas políticas. Por ejemplo, en Bolivia el cierre de la mayor parte de las minas de estaño y la deteriorada situación económica provocó el debilitamiento de los sindicatos mineros e industriales, cuyo lugar como cabeza de movilizaciones lo tomaron las confederaciones de campesinos, en especial los productores de coca.

Situación similar se vive en Paraguay, con la Federación Nacional de Campesinos que ha realizado incluso manifestaciones en el centro de Asunción, y en México, donde las principales luchas sociales se han dado en los estados campesinos de Guerrero, Chiapas y Oaxaca.

Pero sin lugar a dudas el actor que más ha tomado fuerza en el último tiempo es el indígena, no sólo por la vinculación de las etnias en México con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sino que por la fuerza que están tomando sus organizaciones naturales. Al mismo tiempo, los conflictos de intereses entre las comunidades y las empresas, principalmente eléctricas, se han multiplicado en el continente. “En Enero de 1995, el Comisión Pro-Indígenas de Sao Paulo y el Consejo de Roraima reportó que 400 indígenas macuxi fueron desalojados por el Ejército y la policía militar del Estado de Roraima de su territorio por protestar por la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Cotingo”.(Institute for National Strategic Studies:1996:3)

Para algunos autores, junto con la reivindicación de la causa indígena, se está configurando un proceso político e intelectual preocupante. La formación de una nueva ideología que exacerba el indigenismo y que podría llamarse “neoindigenismo”. Los neoindigenistas sueñan con una “vuelta al ilusorio edén de colectividades culturales y étnicas detenidas en el tiempo, amurralladas en el espacio y autónomas, fieles a sus usos y costumbres, pero integrados al sistema global (¿vía Internet?), practicantes de la mágia y la ciencia”.(Krauze:1998:2)

Para otros, las organizaciones indígenas son un actor emergente en América Latina debido a cambio en la relación entre los Estados y los pueblos indígenas, la forja de nuevas identidades y los cambios culturales producidos. El nuevo discurso indígena ocurre en la intersección de los temas referentes a los DD.HH., la democracia, el desarrollo y el medio ambiente. “Los pueblos indígenas no sólo reclaman más y mejor democracia, o la mejor aplicación de mecanismos de defensa y protección de los DD.HH., o una mayor participación en los beneficios de los programas de desarrollo; de hecho, están cuestionando y desafiando las premisas mismas sobre las cuales ha sido erigido el Estado-nación en América Latina desde hace casi dos siglos”.(Stavenhagen:1997:61)

Durante las décadas pasadas entre los pueblos indígenas, el enfoque de la modernización aplicados a los cambios sociales y culturales compitió con la visión del mundo del marxismo, como una guía revolucionaria para la acción y la transformación histórica. Generalmente los diferentes grupos (comunistas, trotskistas, maoístas, castristas, etc.) invitaban a estos pueblos a que se deshicieran de sus identidades indígenas para incorporarse a la lucha de clases como campesinos pobres y explotados. Pero, algunas veces también significaba rechazarlos como demasiados primitivos para comprender la lucha de clases, concentrando su accionar en las clases “avanzadas” de América Latina.

Los intelectuales indígenas reconocían que la visión marxista ortodoxa del “problema indígena” no era muy distinta del enfoque de la “modernización”. Algunos de ellos, ya en la década del 60’, rechazaban ambos enfoques por considerarlos producto de occidente colonizador. “El escepticismo indígena aumentó al ver que algunos grupos indígenas se encontraron literalmente entre el fuego cruzado de las guerrillas de izquierda y los ejércitos represores bajo diversos gobiernos latinoamericanos (Bolivia, Colombia, Guatemala, Perú) durante los años setenta y ochenta. En Nicaragua, se encontraron entre un gobierno revolucionario izquierdista y los contras organizados por Estados Unidos”. (Stavenhagen:1997:70)

De esta manera se fue configurando una ideología indianista como una alternativa al vacío ideológico (en cuanto a pueblos indígenas se refiere) de las principales filosofías políticas tanto liberales como marxista. Si bien aún es difícil hablar de una ideología indígena acabada, estructurada y coherente, existe cierto número de temas e hilos conductores que persisten y reaparecen en las diferentes corrientes del “indianismo”, como por ejemplo: definición y status legal, derecho a la tierra, identidad cultural, organización social y costumbre jurídica y participación política. Estos temas se expresan claramente en los documentos de las organizaciones, seminarios, conferencias y periódicos indígenas.

La comprobación del por qué los indígenas son un actor emergente está dado por su práctica política en los últimos años: la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) organizó dos masivos levantamientos indígenas pacíficos en 1990 y 1993 que prácticamente paralizaron el país; la Unión Nacional de Indios del Brasil (UNI), que congrega a numerosas tribus amazónicas, y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) fueron muy activas en las discusiones políticas sobre la nueva Constitución Brasileña en 1988 y Colombiana en 1991; durante 1992, comunidades de toda latinoamérica participaron activamente en protestas por la celebración de los 500 años de la llegada de los españoles; en 1994, un mayoritario sector indígena mexicano formaba parte del Comité Clandestino Indígena, comandancia del EZLN, para el levantamiento del 1º de enero.

Durante 1997 y 1998 otras acciones importantes en que han aparecido vinculados pueblos indígenas son: detención en Canadá de miembros del pueblo Nuxalk y de la Red de Acción del Bosque, ONG ecológica, por impedir tala maderera en sus tierras tradicionales; desde el 12 de mayo de 1997, la comunidad Kolla de la comunidad Tinkunaku del norte de Argentina se encuentra en conflicto con la empresa estadounidense Seabord por la creación de un complejo turístico; comunidades Kuna y de los Ngobe-bugle en Panamá mantienen conflictos con empresas madederas y mineras internacionales; cinco mil indígenas UWA colombianos amenazan con un suicidio colectivo si una empresa petrolera invade sus tierras, 10 de mayo de 1997; 19 pueblos indígenas de la Amazonia venezolana concertaron la división municipal de sus territorios, luego de un fallo a su favor de la Corte Suprema, que contravino la Ley Municipal, 17 de marzo de 1997; el 1º de diciembre de 1997, un grupo de mapuches en Chile quemó - en una acción tipo comando- dos camiones madereros de una empresa con la cual tienen un litigio de tierras; durante abril de 1998 diferentes comunidades mapuches ocuparon tierras en la IXª región, demandando diálogo con empresas forestales, agricultores y el gobierno de Chile.

Como señala Gabriela Olguín, miembro del Centro de Estudios de Derechos Indígenas de Puebla, se requiere de una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas para la reorientación del proyecto de nación, “pues el problema de los pueblos indígenas insertados en el contexto nacional en condiciones desventajosas es un problema nacional y no exclusivo de quienes somos y nos asumimos como indígenas. Es tiempo de iniciar la transición. El tránsito del Estado-nación etnocéntrico hacia la refundación de un nuevo Estado, el Estado multinacional debe comenzar ya. Esta es la tarea de los pueblos indios del presente; este será el programa de los pueblos indios del futuro”. (Olguín: 1998:103)

Otro actor que rápidamente está tomando importancia dentro del sistema político latinoamericano son los movimientos ecologistas, desde las posturas sistémicas hasta los grupos o individuos que utilizan el terrorismo como metodología de acción para alcanzar sus objetivos.

Dentro del ambientalismo han surgido algunas posturas radicales minoritarias, principalmente en Estados Unidos, que han realizado atentados y acciones de sabotaje desde la década del setenta. Algunos de sus dirigentes, luego de estar detenidos, se han incorporado al accionar sistémico.

Entre estos grupos, destaca un grupo surgido al interior del movimiento de derechos de los animales, llamado Frente de Liberación Animal (ALF) ha realizado 75 ataques desde 1979. Año tras año las actividades del ALF se han incrementado y expandido denunciando a través de publicaciones a los laboratorios donde se utilizan animales como conejillos de indias, realizando atentados incendiarios en contra de estos centros y sabotajes menores. Actualmente existen doce países en los que se tiene conocimiento de grupos del ALF, “incluidos Canadá, Francia, Holanda, Polonia y Sud-Africa”. (Wannall: 1991:3)

América Latina ha pasado por diferentes fases de violencia política en su historia, que han afectado en distinta intensidad la gobernabilidad democrática de sus respectivos sistemas políticos. Sólo en los últimos cuarenta años cabe mencionar: la primera oleada guerrillera, producida luego de la Revolución Cubana; la segunda oleada, luego de la Revolución Sandinista; y la tercera, que podría producirse luego del levantamiento zapatista.

Para una verdadera consolidación democrática, los gobiernos democráticos latinoamericanos - mayoritarios por primera vez en la historia- deben dar solución a los problemas estructurales -de larga data- que existen al interior de las naciones y no sólo a resolver problemas coyunturales por motivos electorales. Las crisis estructurales, que se vive en algunos países como Perú y México, más la legitimación que aún se percibe del uso de la violencia como arma válida en política deja abierta la interrogante en cuánto al surgimiento de nuevos grupos antisistémicos en el futuro político latinoamericano; los que quizás no respondan a un origen ideológico marxista sino a la radicalización de los movimientos sociales y/o indígenas, éstos últimos marginados, sin expresión propia por más de 500 años y con un mito que les augura su "liberación".

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* Sergio Salinas es periodista, Magister en Ciencia Política U. de Chile y Diplomado en Cultura de Paz. Universidad Autónoma de Barcelona.

SERGIO SALINAS