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La participaci�n pol�tica como generadora de educaci�n c�vica y gobernabilidad |
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RAFAEL DEL AGUILA |
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| Objetivos: |
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Me ocupar� en este breve trabajo de la participaci�n pol�tica como generadora de educaci�n c�vica y de gobernabilidad y tratar� de se�alar algunos de los problemas que derivan de esa relaci�n. Intuitivamente parece que existe un fuerte v�nculo entre la participaci�n pol�tica, la educaci�n c�vica y la gobernabilidad. Tendemos a pensar que si una poblaci�n participa activamente en la cosa p�blica, esto produce casi de inmediato beneficios directos: 1) para el sistema pol�tico democr�tico del que se trate (aumenta la gobernabilidad, estabilidad, etc.) y 2) para los ciudadanos y su capacidad de juzgar adecuadamente los asuntos pol�ticos. La existencia de estos beneficiosos v�nculos, sin embargo, no resulta tan sencilla de demostrar ni es objeto de consenso entre los estudiosos. Tratar� de explicar muy breve y superficialmente algunos de los problemas que se derivan de la citada relaci�n. |
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Intuitivamente parece que existe un fuerte v�nculo entre la participaci�n pol�tica, la educaci�n c�vica y la gobernabilidad. Tendemos a pensar que si una poblaci�n participa activamente en la cosa p�blica, esto produce casi de inmediato beneficios directos: 1) para el sistema pol�tico democr�tico del que se trate (aumenta la gobernabilidad, estabilidad, etc.) y 2) para los ciudadanos y su capacidad de juzgar adecuadamente los asuntos pol�ticos. La existencia de estos beneficiosos v�nculos, sin embargo, no resulta tan sencilla de demostrar ni es objeto de consenso entre los estudiosos. Tratar� de explicar muy breve y superficialmente algunos de los problemas que se derivan de la citada relaci�n.
Existe lo que creo es uno de los primeros documentos que argumentan en favor de la justificaci�n de la participaci�n democr�tica en la historia de la teor�a pol�tica. Se trata de un texto del sofista Prot�goras1 en el que sostiene, contra la opini�n de S�crates, que todos los ciudadanos deben participar en el gobierno de la ciudad, puesto que todos ellos poseen igual competencia pol�tica e igual capacidad de juicio para los asuntos pol�ticos. En efecto, el sentido moral y el sentido de la justicia son compartidos por todos los ciudadanos, y esto les permite participar, deliberar, discutir y decidir sobre lo p�blico. Debido a que todos poseemos lo que provisionalmente llamaremos capacidad de juicio pol�tico (la combinaci�n de sentido moral y justicia), todos podemos y debemos participar. Es la capacidad de juicio la que nos iguala. Es la posesi�n de esa capacidad la que justifica un sistema pol�tico democr�tico.
Es curioso que la teor�a pol�tica haya dedicado, comparativamente hablando, poca atenci�n a este tema y a esa justificaci�n. Y todav�a resulta m�s curioso que la idea sofista, convenientemente invertida, haya servido como argumento para procurar la exclusi�n y el cierre de la esfera p�blica.
En efecto, cuando, no hace tanto tiempo, se exclu�a a los trabajadores del derecho al voto o cuando se negaba el sufragio a la mujer o cuando se relegaba a la condici�n de paria pol�tico a una minor�a racial (o a una mayor�a racial), la raz�n para hacerlo siempre era la misma: esos grupos sociales carec�an de capacidad de juicio pol�tico. De hecho, hoy seguimos utilizando esta argumentaci�n para justificar exclusiones que consideramos razonables: los ni�os o los locos. �Por qu� excluimos a ni�os y a locos? Porque suponemos que su incapacidad para el autogobierno les excluye del gobierno com�n. Y este fue casi siempre el caso de las exclusiones antedichas: a las mujeres, por ejemplo, se les negaba autonom�a individual tanto o m�s que capacidad de participaci�n pol�tica; si los trabajadores no pose�an otra propiedad que su fuerza de trabajo, esa era raz�n suficiente para demostrar su falta de autonom�a en la esfera econ�mica, que ten�a como consecuencia la exclusi�n de la esfera pol�tica, etc.
Este tema resulta complicado. Incluso entre liberales partidarios fuertes de la autonom�a individual, se ha dudado de que la igualdad de juicio pol�tico existiese realmente y de que, caso de existir, su uso generalizado fuera conveniente. As�, Jeremy Bentham consideraba que cada uno es el mejor juez de sus propios intereses, pero eso no fue �bice para que recomendara formas de sufragio fuertemente restringidas. John Stuart Mill, por su lado, afirmaba que era preferible equivocarse por uno mismo que acertar siguiendo los dictados ajenos, pero al tiempo consideraba m�s conveniente una forma de sufragio cualificado que el sufragio universal. Contempor�neamente, Joseph Schumpeter o Giovanni Sartori creen que, debido a la complejidad de los asuntos pol�ticos y al tipo de conocimiento especializado que requieren, un cierto grado de apat�a entre los ciudadanos debe ser bienvenido en cualquier democracia representativa e, igualmente, que las decisiones pol�ticas b�sicas y cruciales deben ser dejadas en manos de nuestros representantes2 .
La idea de implicaci�n pol�tica siempre ha levantado sospechas entre los conservadores, que cre�an -y creen- que la participaci�n intensiva de la ciudadan�a divide profundamente a la sociedad en demandas, ambiciones y necesidades excluyentes. El faccionalismo y el conflicto son sus corolarios. Por lo dem�s, las masas de ciudadanos ser�an, en ese supuesto, manipuladas f�cilmente por demagogos, como, por ejemplo, ocurri� en los a�os de la rep�blica de Weimar. Y, en este caso, los �ndices de participaci�n se�alar�an, no a la fortaleza, sino, precisamente, a la debilidad del r�gimen democr�tico. La alta participaci�n ser�a, pues, se�al de insatisfacci�n o de deslegitimaci�n del sistema e impactar�a negativamente en la gobernabilidad.
Todo ello, seg�n esta perspectiva, aconsejar�a como m�s razonable para lograr gobernabilidad el uso de herramientas tales como la representaci�n, los pol�ticos profesionales, los expertos. El sistema representativo proveer�a de salidas a estas dificultades mediante la interposici�n de unas elites encargadas de agregar y articular intereses y demandas. Despu�s de todo, lo importante para el liberal, en este caso, ser�a garantizar el ejercicio de la libertad individual, no la participaci�n o el juicio pol�tico ciudadano.
As�, para la tradici�n liberal-conservadora se tratar�a de dar cabida al individualismo moderno, comprendiendo la democracia no como una forma de vida participativa, sino como un conjunto de instituciones y mecanismos que garantizaran a cada individuo la posibilidad de realizar sus intereses sin interferencia o con el m�nimo de interferencia posible. Cada uno, movido por el autointer�s, tratar� de promocionar sus deseos, conectarlos con los de otros y hacerlos presentes, mediante agregaci�n, en el proceso de toma de decisiones. Y, as� por ejemplo, los partidos pol�ticos ser�an maquinarias, no de participaci�n, sino de articulaci�n y agregaci�n de intereses. El bien p�blico consistir�a en el total (o el m�ximo) de los intereses individuales seleccionados y agregados de acuerdo con alg�n principio leg�timo justificable (por ejemplo, el principio de mayor�a).
El tipo de ciudadano que se promueve desde esta visi�n est� alejado del ideal participativo. Se supone, adem�s, que el ciudadano liberal descrito es una construcci�n m�s realista. B�sicamente porque: 1) parece m�s f�cil comprender los propios intereses que el bien com�n, 2) los incentivos para participar se hallan m�s ligados al ego�smo de promocionar el propio inter�s que al logro del inter�s general, y 3) la promoci�n del propio inter�s asegura el incentivo para los m�nimos de participaci�n requeridos en una democracia3 . Esto conduce a la creaci�n de una categor�a de ciudadano en t�rminos ligados a los intereses de los individuos. Como consecuencia, la actividad pol�tica y la participaci�n p�blica se desincentivan al tiempo que se profesionalizan. Y esto es as�, seg�n la visi�n liberal, porque lo que resulta importante para la autorrealizaci�n no tiene conexi�n con la participaci�n pol�tica, sino con el autodesarrollo en la esfera privada o profesional y con el control de los mecanismos de agregaci�n de intereses. Ese control estar�a ligado a la existencia de elecciones en las que los individuos, armados con el conocimiento de sus propios intereses e informados suficientemente respecto de las alternativas, eligen entre productos pol�ticos en competici�n y los sujetan a su control en la elecci�n subsiguiente. Esta comprensi�n de la ciudadan�a no exige su participaci�n, sino que recomienda un prudente equilibrio entre participaci�n y apat�a como una f�rmula al tiempo �barata� y eficiente de gesti�n de la complejidad.
Carlos Marx ya advirti� que este cambio de acento, centrado ahora en los intereses, los derechos y las libertades individuales, acabar�a concret�ndose bajo el capitalismo en la defensa de los derechos de propiedad, olvidando todo lo dem�s. Y hay que confesar que lo que Margaret Thatcher o Ronald Reagan dijeron despu�s se parece bastante al reproche marxiano: la nueva derecha enfatiza los derechos de propiedad y seguridad a expensas de la participaci�n y la libertad pol�tica. Desde este punto de vista, de lo que se trata es de conseguir un gobierno eficiente y justo, y tal objetivo ser� mejor servido por un peque�o grupo de pol�ticos, bur�cratas y representantes, con el m�nimo de interferencias, que por el uso generalizado de las habilidades de juicio ciudadano a trav�s de la participaci�n.
La teor�a elitista de la democracia ha tratado de fundamentar emp�ricamente el punto de vista liberal- conservador. Sus hallazgos han sido, en cierto sentido, demoledores para el ideal participativo: los ciudadanos son profundamente ap�ticos, ignoran los temas pol�ticos de debate m�s importantes, no desean participar, no poseen el necesario conocimiento de los asuntos pol�ticos, prefieren centrar su autodesarrollo personal en la esfera privada o en la esfera profesional, resienten negativamente el �imperialismo� del rol pol�tico, etc. Dicho de otro modo: los ciudadanos de nuestras democracias no poseen juicio pol�tico ni aspiran a desarrollarlo y, para procurar gobernabilidad, estabilidad y democracia, de lo que se trata es de: 1) difundir el valor de la tolerancia pol�tica entre los ciudadanos y la responsabilidad entre las elites, y 2) establecer marcos institucionales que garanticen ciertas reglas del juego. Pero en ning�n caso resultar�a conveniente impulsar o incentivar excesivamente la participaci�n directa de los ciudadanos en los asuntos pol�ticos. De hecho, el establecimiento institucional de canales de participaci�n, que raramente son utilizados por la ciudadan�a, refuerza este prejuicio liberal: el equilibrio entre participaci�n moderada y apat�a, unido a reglas de tolerancia y protecci�n de derechos, produce gobernabilidad; la incentivaci�n de la participaci�n extensiva produce inestabilidad, intolerancia, sobrecarga del sistema, etc.
Y esta tesis se entiende como m�s adecuada todav�a en los casos de reg�menes democr�ticos j�venes que recientemente han experimentado una transici�n desde el autoritarismo. En efecto, ahora parecer�a que una desincentivaci�n de la participaci�n extensiva, un cierto grado de apat�a, la desmovilizaci�n de algunos de los sectores m�s fuertemente implicados en el proceso de transici�n, la cesi�n de amplias esferas de poder a los representantes, la extensi�n de valores como la tolerancia, la b�squeda de �xito individual, la privatizaci�n de las diferencias entre la poblaci�n, etc., producir�an m�s gobernabilidad que sus contrarios.
Sin embargo, �no estar�amos en este supuesto creando alienaci�n pol�tica en la mayor�a de los ciudadanos? �no ser�a el alejamiento de la ciudadan�a respecto de la participaci�n pol�tica m�s peligrosa, a la larga, para la gobernabilidad que sus contrarios? Al menos as� lo cree la perspectiva de an�lisis opuesta a la rese�ada.
En contraposici�n a la perspectiva liberal-conservadora, la democr�tico-participativa intenta, precisamente, incentivar la participaci�n y, a trav�s de ella, desarrollar el juicio pol�tico ciudadano.
All� donde hayan de tomarse decisiones que afecten a la colectividad, la participaci�n ciudadana se convierte en el mejor m�todo (o el m�s leg�timo) para hacerlo. Y no es �nicamente que la participaci�n garantice el autogobierno colectivo y, por ende, aumente la gobernabilidad. Adem�s, como ya se ha aludido m�s arriba, produce efectos pol�ticos beneficiosos ligados a la idea de autodesarrollo de los individuos. Para los griegos era la participaci�n en el autogobierno la que convert�a a los seres humanos en dignos de tal nombre. La discusi�n, la competencia p�blica y la deliberaci�n en com�n de ciudadanos iguales colaboraban a la dignidad de los participantes y a la construcci�n ordenada y pac�fica del bien colectivo. Para los humanistas del Renacimiento el compromiso con la vita activa constitu�a el v�nculo comunitario creador de virtud c�vica. Para Tocqueville, en fin, la implicaci�n ciudadana en todo tipo de asociaciones (civiles, sociales, pol�ticas, econ�micas, recreativas, etc.) constitu�a un rasgo distintivo del r�gimen democr�tico. Para John Stuart Mill o John Dewey la democracia no era �nicamente un sistema de reglas e instituciones, sino un conjunto de pr�cticas participativas dirigido a la creaci�n de autonom�a en los individuos y a la generaci�n de una forma de vida espec�fica. Los partidarios contempor�neos de la democracia �fuerte� o �expansiva� aspiran igualmente a hacer de la participaci�n el centro de gravedad de sus argumentaciones.
En general, la participaci�n es un valor clave de la democracia seg�n esta tradici�n. Y esa posici�n privilegiada se legitima en relaci�n con tres conjuntos de efectos positivos. Primero, la participaci�n crea h�bitos interactivos y esferas de deliberaci�n p�blica que resultan claves para la consecuci�n de individuos aut�nomos. Segundo, la participaci�n hace que la gente se haga cargo, democr�tica y colectivamente, de decisiones y actividades sobre las cuales es importante ejercer un control dirigido al logro del autogobierno y al establecimiento de estabilidad y gobernabilidad. Tercero, la participaci�n tiende, igualmente, a crear una sociedad civil con fuertes y arraigados lazos comunitarios creadores de identidad colectiva, esto es, generadores de una forma de vida espec�fica construida alrededor de categor�as como bien com�n y pluralidad.
La combinaci�n de estos tres efectos positivos resulta favorecedora del surgimiento, en esta forma de vida, de otros importantes valores: creaci�n de distancia cr�tica y capacidad de juicio ciudadano, educaci�n c�vica solidaria, deliberaci�n, interacci�n comunicativa y acci�n concertada, etc. En una palabra, la forma de vida construida alrededor de la categor�a de participaci�n tiende a producir una justificaci�n leg�tima de la democracia, basada en las ideas de autonom�a y autogobierno.
Los ciudadanos ser�n juiciosos, responsables y solidarios, �nicamente si se les da la oportunidad de serlo mediante su implicaci�n en diversos foros pol�ticos de deliberaci�n y decisi�n. Y cuantos m�s ciudadanos est�n implicados en ese proceso, mayor ser� la fortaleza de la democracia, mejor funcionar� el sistema, mayor ser� su legitimidad, e, igualmente, mayor ser� su capacidad para controlar al gobierno e impedir sus abusos. La participaci�n crear� mejores ciudadanos y quiz� simplemente mejores individuos. Les obligar� a traducir en t�rminos p�blicos sus deseos y aspiraciones, incentivar� la empat�a y la solidaridad, les forzar� a argumentar racionalmente ante sus iguales y a compartir responsablemente las consecuencias (buenas y malas) de las decisiones. Y estos efectos beneficiosos de la participaci�n se conjugan con la idea de que la democracia y sus pr�cticas, lejos de entrar en conflicto con la perspectiva liberal, son el componente indispensable para el desarrollo de la autonom�a individual que presumiblemente aquellas instituciones quieren proteger4 . Dicho de otro modo, existe una conexi�n interna entre participaci�n, democracia y soberan�a popular, por un lado, y derechos, individualismo y representaci�n, por otro. Esa conexi�n se apreciar�a, por ejemplo, en el hecho de que estas �ltimas constituyen precisamente las condiciones legal-institucionales bajo las cuales las variadas formas de participaci�n y deliberaci�n pol�tica conjunta pueden hacerse efectivas5 .
As� pues, la participaci�n ahora se contempla desde el punto de vista de sus efectos beneficiosos en la creaci�n de mutuo respeto, de comunalidad, de confianza interpersonal, de experiencia en la negociaci�n, de desarrollo de valores dial�gicos, de habilidades cognitivas y de juicio; en definitiva, de autodesarrollo personal en la multiplicidad de esferas p�blicas que la democracia pone al alcance de los ciudadanos. De hecho, el autodesarrollo personal es descrito aqu�, en buena medida, en t�rminos de autodesarrollo moral6 .
En esta etapa de fin de milenio que hace coincidir la universalizaci�n de la democracia liberal con alt�simos grados de corrupci�n pol�tica y de deslegitimaci�n de los sistemas, el dem�crata participativo ve en la implicaci�n pol�tica de la ciudadan�a la �nica salida. Es hoy casi un lugar com�n en muchos sistemas democr�ticos la idea de que resulta necesario reforzar la sociedad civil y los lazos c�vicos que �sta crea. El dem�crata participativo aspira a seguir esa l�nea y a construir nuevos y variados �mbitos de participaci�n democr�tica institucional y no institucional.
De hecho, existe evidencia emp�rica de que el retrato del ciudadano ofrecido por el liberal-conservador no es del todo exacto. No es que la apat�a sea funcional, es que no hay que confundir un seguimiento �de segundo orden� de la pol�tica con mera pasividad. En las circunstancias adecuadas, los ciudadanos reaccionan y se movilizan en defensa de sus intereses pol�ticos y de lo que creen justo o necesario. Adem�s, la d�bil voluntad de participaci�n a veces refleja defectos del sistema, pues la utilidad de la participaci�n para los ciudadanos no siempre es evidente. As� pues, cuanto mayores sean las expectativas de que la implicaci�n pol�tica obtendr� resultados, mayor ser� la participaci�n. Por �ltimo, el pluralismo de intereses y opiniones existente en nuestras sociedades hace que la participaci�n no siempre deba seguir la senda institucional, sino que se disperse en una mir�ada de �mbitos, no exclusivamente relacionados con la pol�tica institucional, que acogen las aspiraciones pol�ticas ciudadanas cuando otros lugares (los partidos, por ejemplo) ya no parecen los apropiados para hacerlo7 .
De hecho, los partidos pol�ticos han sufrido una importante crisis en su conexi�n con su funci�n de canales de participaci�n ciudadana. Ve�moslo con alg�n detalle.
Hubo un tiempo en el que los partidos pol�ticos pudieron aspirar, al menos parcialmente, a justificar su existencia a trav�s de ese valor de la participaci�n. Durante buena parte de los siglos XIX y XX los partidos de masas incentivaban y catalizaban la participaci�n. En tanto que organizaciones pol�ticas, aspiraban a promover la educaci�n pol�tica o la discusi�n sobre decisiones y procesos colectivos o la explicaci�n deliberativa de las opciones y alternativas pol�ticas, etc. Tambi�n, a crear una �cultura� propia, a desarrollar ciertos valores y h�bitos, a generar pr�cticas de solidaridad y ayuda mutua, a aumentar la capacidad de juicio pol�tico de los ciudadanos, etc. La lucha por la extensi�n del sufragio se un�a as� a la creaci�n de �sentido de comunidad� en el seno de las organizaciones de partido. Seg�n el discurso prevaleciente, los partidos pod�an funcionar como catalizadores de la participaci�n y como canales a trav�s de los cuales el pueblo soberano ejerc�a su soberan�a.
Pero esta imagen y estos partidos no han sobrevivido al paso del tiempo. Aunque gran parte del discurso pol�tico que trata de legitimarlos (o sea, de ligar sus funciones a valores queridos para nosotros) contin�a describiendo sus actividades de acuerdo con la imagen reci�n apuntada, la trasformaci�n de sus funciones dificulta extraordinariamente esa tarea. Es cierto que siguen siendo una pieza fundamental en el entramado institucional de las democracias, y tambi�n lo es que a trav�s de ellos los ciudadanos pueden hacerse presentes como unidad de acci�n efectiva en el proceso de toma de decisiones. Pero tambi�n es verdad que su conversi�n en maquinarias electorales ha roto con sus tendencias participativas y ha modificado sus funciones. Junto a cambios que no podemos detallar aqu� (transformaciones en la estructura de clases, etc.), la transformaci�n institucional y electoralista de los partidos tiende a convertir a �stos en organizaciones desincentivadoras de la participaci�n. Y esto en dos sentidos: 1) tanto en lo que hace a su intento de monopolizar y disciplinar movimientos participativos que suceden al margen de su control, 2) como en lo que se refiere a los mecanismos de participaci�n interna de los afiliados y simpatizantes. En ambas zonas los partidos intentan controlar �desde arriba� los procesos, siendo su preocupaci�n m�xima lograr una cierta estabilidad en la participaci�n. Es decir, una especie de equilibrio entre participaci�n y apat�a que les garantice el control de esos procesos. Las razones esgrimidas para ello son variadas, pero lo cierto es que parecen encontrar eco en la poblaci�n, puesto que �sta castiga severamente en las elecciones a aquellas organizaciones de partido en las que cree advertir fuertes disensiones internas (debidas, seg�n algunos, a un exceso de democracia y participaci�n en el seno de la organizaci�n).
En opini�n de J.J. Linz8 , esto sugerir�a que modelos como el schumpeteriano estar�an en lo cierto: en la actualidad, lo que el ciudadano vota es a un primer ministro y a un gobierno y al partido que les apoya. Los partidos no son mecanismos incentivadores de la participaci�n pol�tica, sino alternativas electorales. Pero este hecho, nos recuerda Linz, conducir�a a la depreciaci�n de la discusi�n, de los debates internos y de la formaci�n colectiva y democr�tica de opiniones en el seno de los partidos. E, igualmente, crear�a las condiciones para la subordinaci�n olig�rquica de los partidos a los gobiernos y de los gobiernos a sus l�deres9 . Todo parece colaborar, pues, a esta tendencia antiparticipativa y, por tanto, a contribuir a debilitar los lazos legitimantes de los partidos con la categor�a de participaci�n.
As� pues, la participaci�n en la tradici�n democr�tico-participativa no debe ser entendida en t�rminos exclusivamente institucionales o ligada de manera excesiva a los partidos como canales de participaci�n. Sin embargo, su valor esencial como mecanismo de educaci�n c�vica quedar�a intocado para esta perspectiva, pese a las dificultades de convertir en pr�cticas institucionales lo que se extiende a otros �mbitos no institucionales de tomas de decisi�n. De hecho, hay quien opina10 que esos nuevos lugares de participaci�n, tales como el movimiento feminista o el movimiento ecologista, pueden resultar de enorme importancia para el desarrollo de una ciudadan�a cr�tica y con capacidad de juicio aut�nomo.
As� pues, los dem�crata-participativos creen que la participaci�n origina toda una serie de elementos y valores extraordinariamente provechosos para la ciudadan�a y su educaci�n c�vica, con un impacto muy positivo en la gobernabilidad del sistema a trav�s de su democratizaci�n. En contraposici�n a esto, los liberales m�s o menos conservadores se�alan las ventajas del sistema representativo, de un cierto grado de desimplicaci�n ciudadana, de una cultura pol�tica m�s centrada en la autonom�a individual, en la tolerancia y en las instituciones, que en la participaci�n directa.
Es evidente que para ambos puntos de vista la educaci�n c�vica es importante, aun cuando los valores y actividades asociados a ella podr�an ser muy diferentes si asumimos una u otra perspectiva.
Si asumimos la perspectiva liberal, el valor de la tolerancia se convierte en crucial. Los liberales conf�an en poder articular un Estado neutral entre las distintas concepciones del bien (al estilo de John Rawls, por ejemplo), que sea capaz de crear tolerancia negativa y desimplicada, una tolerancia pragm�tica que no exigir�a m�s que una actitud de �vivir y dejar vivir� entre los ciudadanos11 . Esto explicar�a, entre otras cosas, que los liberal-conservadores tendieran a ver el problema de la educaci�n c�vica en t�rminos �privados� o familiares, es decir, en t�rminos en los que lo �nico que se exigir�a de un ciudadano ser�a el desarrollo de sus propias inclinaciones culturalmente valorativas en esferas privatizadas, y donde lo p�blico apareciera como un �mbito de tolerancia mutua. Aun trat�ndose de una perspectiva que parece ajustarse bastante bien a algunos rasgos de la ciudadan�a realmente existente, hay quien se queja de lo que podr�amos llamar la �insoportable levedad del liberalismo� a este respecto. Es decir, para algunos, esto supondr�a una extrema �delgadez c�vica� en los principios definidores de la ciudadan�a liberal12 , que bas�ndose en una definici�n de reglas m�nimas de participaci�n y tolerancia, no tender�a a la ampliaci�n de las bandas participativas ni a la incorporaci�n a los programas p�blicos de ense�anza de ciertas actividades destinadas a la creaci�n de h�bitos de di�logo y deliberaci�n conjunta.
Quiz� por esa raz�n, los dem�crata- participativos son m�s exigentes con la educaci�n c�vica, y aspiran a elevar el tono de la ciudadan�a mediante la participaci�n y la creaci�n, a trav�s de ella, de mutuo respeto y no discriminaci�n13 . O sea, categor�as m�s densas que la de tolerancia, como las de mutuo respeto y no discriminaci�n, s�lo ser�an susceptibles de diseminarse socialmente mediante pr�cticas deliberativas emprendidas en com�n por los ciudadanos14 . Pero esta exigencia comportar�a tanto la necesidad de incentivar la participaci�n extensiva a todas las zonas de la sociedad civil, como la necesidad de dise�ar programas educativos estatales y globales que incidieran positivamente en el tipo de valores que se trata de incentivar (deliberaci�n conjunta, mutuo respeto, solidaridad, etc.).
En todo caso, conviene no sobrecargar demasiado la categor�a de participaci�n ciudadana, sobre todo para no convertirla en una visi�n en exceso moralizante e irrealista. Y �c�mo evitar la sobrecarga? Yo dir�a que para contestar a esta pregunta es necesario acudir a recientes formulaciones sobre el concepto de ciudadan�a15 . O sea, es necesario construir un concepto intermedio de ciudadan�a capaz de recoger con realismo las exigencias m�nimas de lo que debe ser un ciudadano democr�tico, sin sobrecargarle demasiado de deberes c�vicos y sin convertirle en un concepto vac�o16 . Por decirlo con Robert Dahl, necesitamos un �good enough citizen�.
Para empezar, ese ciudadano �intermedio� debe construir su autonom�a como ciudadano �reactivo�, es decir, debe participar directamente reaccionando ante lo intolerable cuando as� lo aconseje su juicio pol�tico. Si los mecanismos institucionales rutinarios fracasan, la acci�n ciudadana dirigida a restaurar la sociedad democr�tica a sus fundamentos morales se hace ineludible. Lo que John Rawls llamaba �reinvigorate the public sense of justice� es justo lo que obliga al �good enough citizen� a la acci�n participativa en cualquiera de sus variantes. Esta �obligaci�n participativa m�nima� es ineludible por razones ligadas a la autoidentidad de una sociedad democr�tica. No se trata aqu� de intereses sino en un sentido simb�lico: la acci�n reactiva frente a la injusticia y lo intolerable, est� o no ligada al autointer�s, es siempre algo m�s que el mero autointer�s. Es tambi�n -y fundamentalmente- la protecci�n del �inter�s� en vivir en un mundo que sea posible legitimar de acuerdo con nuestros valores centrales. Si alg�n suceso rompe la coherencia de la autodescripci�n, la participaci�n reactiva debe restaurar los m�nimos de coherencia. En este sentido, el ciudadano reactivo es, ante todo, un buen juez. Un juez cr�tico que utiliza su reflexividad sobre los valores p�blicos y se constituye as� en int�rprete cr�tico de la realidad pol�tica que le rodea.
Pero para realizar esas funciones cr�ticas, se requiere un aumento de la capacidad cognitiva del ciudadano. No se trata ya de que participe directamente sino de que sea capaz de juzgar directamente (deliberativamente) las m�s diversas realidades. De que sea capaz, como recomienda Robert Dahl, de empat�a con los otros y sus problemas. Que sea capaz, cabr�a a�adirse, de empat�a con las decisiones de sus representantes, esto es, de pensar poni�ndose en su lugar. De hecho, lo que se exige a cualquier ciudadano en cualquier democracia es empat�a con aquellos que toman decisiones en su nombre como v�a para juzgarles. Incluso la m�s delgada teor�a econ�mica de la democracia, basada en la comprensi�n de los actores en t�rminos de intereses, requiere de este concepto de empat�a si quiere comprender la accountability de los procesos electorales. Esta condici�n del juicio emp�tico es, en esta variante de ciudadano, el lugar de desarrollo de la autonom�a. Los ciudadanos son aut�nomos si logran desarrollar su juicio pol�tico y juzgan mediante empat�a. La tradici�n republicana democr�tica asociaba esta virtud con la participaci�n pol�tica. La tradici�n liberal puede asociar el desarrollo del juicio pol�tico a otras esferas y actividades17 , pero no puede escapar de �l sin eliminar al tiempo los fundamentos mismos de la democracia (incluso entendida en t�rminos m�nimos).
No obstante, en este punto surgen algunos problemas que es necesario aludir antes de terminar.
1. El problema del multiculturalismo: En efecto, como ya es claro a estas alturas, el programa de educaci�n c�vica democr�tico y participativo es fuertemente valorativo y moral. Aspira a la formaci�n de un tipo muy espec�fico de ciudadano, con rasgos extraordinariamente peculiares: autonom�a, deliberaci�n, juicio, etc. Y el good enough citizen no es distinto a este respecto. Esto parece alejarnos de la diversidad o, al menos, de poner en marcha procesos de homogeneizaci�n cultural democr�tica que podr�an eventualmente ser considerados como negativos para la conservaci�n de las diferencias culturales, religiosas, etc. El modelo liberal- conservador parece ajustarse mejor a la idea de tolerancia, al �vivir y dejar vivir� con el que su misma �delgadez� le relaciona. Es, por tanto, necesario en este punto establecer un equilibrio entre el mantenimiento de los lazos comunitarios ligados a la solidaridad fuerte o a la capacidad de juicio deliberativa (del dem�crata participativo) y la tolerancia individualista y de intereses (del liberal-conservador).
2. El problema de los l�mites del pluralismo: Ahora bien, si se trata de ense�ar a los ni�os en el sistema educativo, y a los ciudadanos en las esferas de participaci�n, valores tales como autonom�a, mutuo respeto, deliberaci�n conjunta, etc., es con el objetivo de establecer lo que John Rawls18 llamar�a una sociedad bien ordenada. Y si esto es as�, necesariamente ciertas formas de vida culturalmente diferenciadas (aquellas basadas en la intolerancia, por ejemplo) deben ser eliminadas de cualquier idea de �pluralismo razonable�19 . El problema est� en poner ciertos l�mites al pluralismo y, por tanto, en circunscribir el tipo de valores que resultan compatibles en una ciudadan�a liberal democr�tica. La tarea, entonces, es localizar esos l�mites y el n�cleo espec�fico e irrenunciable de valores ciudadanos liberal-democr�ticos. Y tal actividad debe producirse en el �mbito de la discusi�n y la deliberaci�n ciudadana, ya que no existe ning�n otro lugar en el que esa tarea pudiera llevarse a cabo.
3. El problema del tipo de participaci�n: Pero a�n hay algo m�s: �Es cierto que la participaci�n produce aquellos valores en todos los casos? �No es m�s cierto que es un tipo espec�fico de participaci�n el que los engendra? �No es verdad que ciertas pr�cticas pol�ticas participativas, lejos de incentivar el respeto mutuo, la deliberaci�n conjunta, la no-discriminaci�n, lo que incentivan es el c�lculo, la estrategia, las categor�as �amigo/enemigo�, la descalificaci�n moral del adversario pol�tico, es decir, la intolerancia? Es cierto que la pol�tica no es �nicamente una actividad comunicativa y deliberativa, sino tambi�n fuertemente estrat�gica. Tales aspectos estrat�gicos de la pol�tica son ineludibles: una adecuada educaci�n c�vica deber�a asumirlos y no intentar cerrar los ojos ante su presencia. Quiz� lo que quede por hacer a este respecto sea abordar la cualificaci�n de la participaci�n. Esto es, abordar un an�lisis pormenorizado y comparado de los tipos de ambientes participativos, establecer diferencias entre participaci�n institucional (en partidos pol�ticos, por ejemplo), cuasi institucional (sindicatos, por ejemplo), no institucional (movimientos sociales, por ejemplo), informales voluntarios (asociaciones culturales o recreativas, por ejemplo), etc. Se hace igualmente necesaria la clarificaci�n del v�nculo entre participaci�n en alguno de estos �mbitos y creaci�n de valores y cultura pol�tica con perfil espec�fico (m�s o menos estrat�gica, m�s o menos vinculada a la tolerancia o al respeto mutuo o a la no discriminaci�n, etc.).
4. Participaci�n, gobernabilidad y procesos de regionalizaci�n e internacionalizaci�n de la pol�tica: En la misma l�nea, parece hacerse necesaria la incentivaci�n de valores pol�ticos entre los ciudadanos capaces de reflejar y hacerse cargo de los distintos procesos pol�ticos �superadores� del marco nacional-estatal. Se hace, pues, conveniente la inculcaci�n a los ciudadanos de valores pol�ticos asociados a visiones m�s cosmopolitas, m�s favorecedoras de la creaci�n de interdependencias regionales, etc. Valores que indirectamente tienen impactos muy positivos en una gobernabilidad cada d�a m�s dependiente de ese tipo de procesos pol�ticos, econ�micos, etc., regionales e internacionales. Y valores que, igualmente, nos conducen hacia versiones no nacionalistas ni cerradas de nuestras relaciones con los otros.
(1) Ver Plat�n: Prot�goras, trad. esp. J. Calonge Ruiz, E. Lled�, C. Garc�a Cual, Gredos, Madrid, 1985, 332b-e.
(2) Un tratamiento m�s extenso de algunos de estos problemas en R. del �guila: �Ep�logo. El centauro transmoderno: liberalismo y democracia en la democracia liberal�, en F. Vallesp�n ed: Historia de la Teor�a Pol�tica, vol. VI, Alianza, Madrid, 1995.
(3) Ver R. Dahl: �The Problem of Civic Competence�, Journal of Democracy, 3, 1992, p. 47.
(4) Ver, por ejemplo, M. Warren: �Democratic Theory and Self-Transformation�, American Political Science Review, 86, 1, March 1992.
(5) Ver, por ejemplo, J. Habermas: �Human Rights and Popular Sovereignty: The Liberal and Republican Versions�, Ratio Juris, 7, 1, March 1994.
(6) Ver R.A. Dahl: Democracy and its Critics, Yale University Press, New Haven & London, 1989, p. 104.
(7) Ver algunos comentarios en esa direcci�n en D. Heater: Citizenship: The Civic Ideal in World History, Politics, and Education, Longman, London & New York, 1990, pp. 214ss.
(8) Ver J.J. Linz: �Los problemas de la democracia y la diversidad de las democracias�, Discurso de investidura de Doctor Honoris Causa, Universidad Aut�noma de Madrid, 1992.
(9) Ver estas reflexiones ligadas a los procesos de transici�n en N. Bermeo: �Sacrifice, Sequence and Strength in Successful Dual Transitions: Lessons from Spain�, Journal of Politics, 56, 1994.
(10) Ver, por ejemplo, C. Offe: Contradictions of the Welfare State, The MIT Press, Cambridge, 1984, cap�tulo 11.
(11) La idea de Estado neutral en J. Rawls: A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge Mass, 1971. En todo caso, �sta es una idea revisada en J. Rawls: Political Liberalism, Columbia University Press, New York, 1993. No podemos entrar aqu� en matices importantes de la evoluci�n de Rawls en este punto.
(12) Ver A. Guttman: �Undemocratic Education�, en N.L. Rosemblum (ed.): Liberalism and the Moral Life, Harvard University Press, 1989, p. 74: �...we educate rational shoppers but not good people or virtuous citizens�.
(13) Ver, por ejemplo, A. Guttman: Democratic Education, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1987; R. Beiner: What is the Matter with Liberalism?, University of California Press, Berkeley & Los Angeles, 1992.
(14) Ver, por ejemplo, J. Rawls, op.cit; A. Guttman: �Civic Education and Social Diversity�, Ethics, 105, April, 1995; J. Habermas: �Three Normative Models of Democracy�, Constelations, 1,1, 1994.
(15) En lo que sigue, ver R. Dahl: �The Problem of Civic Competence�, cit; M.L. Gross: �The Collective Dimensions of Political Morality�, Political Studies, 42, 1993; S. Burtt: �The Politics of Virtue Today: A Critique and a Proposal�, American Political Science Review, 87, 1993; G.E. Rusconi: �Razionalit� Politica, Virt� Civica e Identit� Nazionale�, Rivista Italiana de Sciencia Politica, 24, 1994.
(16) Desde el an�lisis emp�rico se han construido tambi�n categor�as intermedias interesantes y que, en algunos aspectos, se definen en t�rminos paralelos a los que se ver�n en el texto m�s adelante. Ver G. Sani: �Comportamiento de Masas y Modelos de Ciudadano�, Revista del Centro de Estudios Constitucionales, 13, 1992 y G. Sani: �Ciudadanos y Sistema Pol�tico: Participaci�n y Cultura Pol�tica de Masas en Italia�, Revista de Estudios Pol�ticos, 79, 1993.
(17) Por ejemplo, podr�a asociarla al hogar (porque la igualdad entre los g�neros lo permite), a la vida profesional (pese a las jerarqu�as que la gobiernan), a la vida social y recreativa (el grupo de amigos puede cumplir importantes funciones de desarrollo del juicio pol�tico), etc.
(18) Ver J. Rawls, op.cit.
(19) Ibidem, p. 197, donde se afirma que una sociedad liberal justa deja m�s espacio que ninguna otra al florecimiento del pluralismo, pero que no existe orden social alguno que no suponga exclusi�n de ciertas formas de pluralismo, y en eso la sociedad liberal justa no es una excepci�n.
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